La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se instaló ayer en el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Este órgano, exclusivamente chavista tendrá plenos poderes a partir de ahora para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado a la medida del régimen de Nicolás Maduro.
El dirigente chavista y expresidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, encabezó la instalación de esta Cámara y declaró que la Asamblea Constituyente se proclama para "liberar a la nación" de toda "dominación, opresión y explotación extranjera", así como de la "burguesía nacional" para avanzar en la construcción de una "sociedad sin clases sociales".
Los 538 parlamentarios constituyentes, todos ellos oficialistas, llegaron al mismo edificio que alberga el Parlamento venezolano controlado por la oposición. En su entrada al palacio enarbolaron cuadros del expresidente Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar, símbolos que fueron retirados del edificio en 2016, poco después de que el chavismo perdiera el control de la Cámara.
Una vez ahí, se instalaron en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, una sala que quedó en desuso tras la transformación del antiguo sistema bicameral en uno unicameral que llevó a cabo el expresidente Chávez con la Constitución de 1999. Al acto acudieron miles de simpatizantes chavistas que festejaron la instauración de la ANC.
Esto supone que ambas cámaras convivirán en el mismo edificio, aún a riesgo de que se produzcan nuevos disturbios y enfrentamientos físicos entre opositores y chavistas, altercados que ya se han producido en anteriores ocasiones.
La nueva Cámara, incompleta a falta de siete miembros que deben elegirse en la se repetición de los comicios en los municipios de Miranda y Francisco de Miranda, eligió ayer "por unanimidad" a la exministra chavista de Exteriores, Delcy Rodríguez, como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien declaró que este órgano comenzaría a funcionar desde hoy.
Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral y el rechazo internacional pesan sobre esta cámara chavista. Desde el pasado domingo, la oposición acusó al Gobierno de "inventar" las cifras de participación en las elecciones a la Constituyente. Una acusación que cobró fundamento esta semana cuando la empresa Smartmatic, a cargo del recuento de votos en esos comicios, denunció un fraude electoral y acusó a las autoridades de inflar en, al menos, un millón el número de participantes reales en las votaciones.
Estas revelaciones llevaron a la Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a solicitar una investigación rechazada ayer por un tribunal venezolano.
La Asamblea Constituyente también se enfrenta al rechazo de la comunidad internacional. La mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos no reconocen esta Cámara y han convocado reuniones de urgencia que auguran sanciones contra Venezuela. También la Unión Europea y Estados Unidos rechazan esta Asamblea. Washington ya adoptó medidas punitivas contra Nicolás Maduro.
