La Unión Europea y el Reino Unido concluyeron ayer la segunda ronda de negociaciones sobre el "Brexit" sin alcanzar acuerdos en ninguno de los aspectos fundamentales de la negociación. Al término de unas reuniones que sirvieron para identificar "convergencias y divergencias" entre ambas partes, tal como dijo el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, Bruselas exigió "aclaraciones" al Reino Unido sobre su postura en cuanto a los derechos de los ciudadanos europeos en su territorio y la factura que deberá asumir por abandonar la Unión. Es decir, sobre los dos principales puntos de desencuentro.
Bruselas condiciona la negociación al acuerdo financiero, y en cuanto a la situación de los ciudadanos europeos, la UE quiere que sea su Tribunal de Justicia el que garantice los derechos de los ciudadanos comunitarios instalados en el Reino Unido, algo a lo que Londres se opone.
El jefe británico de las negociaciones, David Davis, dijo coincidir "en la necesidad de certidumbre para los ciudadanos" pero no en la forma de garantizar sus derechos. Sin embargo, se sintió satisfecho por haber logrado "progresos generales".
Por otra parte, Polonia desoyó las amenazas de Bruselas y aprobó ayer la reforma del Tribunal Supremo impulsada por el partido ultraconservador Ley y Justicia, que otorga al Gobierno el control de esta corte.
Un día después de que la Comisión Europea amenazara a Varsovia con la retirada del derecho a voto, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, alertó del riesgo de "marginación" en Europa que corre Polonia
