Miles de opositores salieron ayer a las calles de Caracas en una nueva jornada de protestas convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) bajo el nombre de "Marcha contra la dictadura". Unas cuarenta marchas confluyeron desde distintos puntos de la capital venezolana ante la sede del Tribunal Supremo un día después de que se produjera el asalto al parlamento, de mayoría opositora, por parte de grupos paramilitares chavistas. Estas marchas tuvieron como propósito exigir al Supremo la activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución sobre la defensa de la Carta Magna.
El Gobierno de Nicolás Maduro se desvinculó de esta "extraña" agresión que mantuvo retenidos durante 8 horas a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados, dejando un balance de 20 heridos, entre los cuales se encuentran 7 diputados.
La oposición, sin embargo, no creyó al Ejecutivo. El presidente de la Asamblea, Julio Borges, acusó al Gobierno de orquestar el ataque. El opositor Enrique Capriles responsabilizó del asalto directamente al vicepresidente, Tarek El Aissami, por unas recientes declaraciones en las que animó a los chavistas a actuar contra la Asamblea.
Es la segunda vez en una semana que la Asamblea Nacional sufre un ataque. Los incidentes de este tipo se han repetido desde que la MUD obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de 2015, revirtiendo décadas de hegemonía chavista en la cámara. En estos más de tres meses de protestas, han sido detenidos 123 militares, 90 personas han muerto y miles han resultado heridas.
Mientras tanto, varios países latinoamericanos condenaron el atadel miércoles contra la Asamblea Nacional de Venezuela e instaron al Gobierno a abstenerse de cualquier acción o declaración que contribuya a aumentar la polarización de la sociedad venezolana.
Los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- consideran que los hechos "constituyen un avasallamiento del Ejecutivo sobre otro Poder del Estado".
