La Fiscalía denunció ayer al presidente brasileño, Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo, y con el posterior aval de la Cámara Baja, y que podría acabar en su destitución tras un largo proceso. Las acusaciones se basan en confesiones de directivos del gigante cárnico JBS, quienes han declarado ante el juez que llevan sobornando al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia grabaciones que lo comprometen.

Es la primera vez que un presidente brasileño en ejercicio es acusado formalmente de delitos penales, ya que la antecesora de Temer, Dilma Rousseff, fue destituida tras ser encontrada culpable de maquillar las cuentas del Estado para disimular la amplitud del déficit presupuestario.

El magistrado del Supremo Edson Fachín, instructor del caso, deberá hacer un primer análisis de las acusaciones y, si lo estima pertinente, remitirlo a la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Constitución y Justicia debatirá el caso en un máximo de diez sesiones, en las que Temer tendrá la oportunidad de defenderse.

Conocidas las alegaciones presidenciales, la comisión tendrá hasta cinco sesiones más para pronunciarse sobre la denuncia. Un informe elaborado por el diputado que sea designado instructor será sometido a votación en la comisión, en la que el oficialismo tiene mayoría. Al margen de esta votación, la denuncia también será sometida al Pleno. Si logra dos tercios de votos favorables, se autorizará la apertura de un proceso penal en el Supremo, que, por mayoría simple decidirá si Temer es enjuiciado, lo que lo suspendería de sus funciones durante los 180 días que durará el proceso, que se desarrollará en el Senado y requerirá para la destitución una mayoría de dos tercios.

Temer, afirmó que tiene una "preocupación mínima" con la denuncia por corrupción presentada en su contra por la Fiscalía, de la cual aseguró que es "una pieza de ficción" sin "fundamentos jurídicos".Declaró que tiene "un respeto absoluto por el Poder Judicial", pero que la denuncia de la Fiscalía está basada solamente en "supuestas pruebas ilícitas" .