La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prometió ayer que ningún ciudadano de la UE que ya esté residiendo legalmente en el Reino Unido tendrá que irse una vez que el país abandone el bloque comunitario. "Ha habido mucha ansiedad sobre lo que les va a suceder a los europeos cuando dejemos la Unión. Hoy quiero aplacar esa ansiedad", dijo May en los Comunes, en una sesión para informar a los diputados de la cumbre europea a la que asistió el viernes.

Paralelamente a la comparecencia parlamentaria de la "premier", el Gobierno publicó un documento de 24 páginas en el que detalla su propuesta sobre el futuro estatus legal de los comunitarios en el Reino Unido.

En ese documento, el Gobierno proclama que después de la salida del Reino Unido de la UE "la libertad de movimientos se terminará", pero subraya que "la inmigración entre el Reino Unido y la Unión Europea continuará existiendo".

May avanzó, además, que intentará pactar con Bruselas para que los británicos en el resto del continente y los comunitarios en el Reino Unido se continúen beneficiando de la tarjeta sanitaria europea para recibir atención en cualquier país de la UE.

Sin embargo, la propuesta de la líder "tory" sigue sin satifacer a Bruselas. El negociador jefe de la UE para el "Brexit", Michel Barnier, pidió a Londres "más ambición, claridad y garantías", porque el objetivo de la Unión para sus ciudadanos residentes en el Reino Unido es lograr "el mismo nivel de protección que bajo la ley de la UE".

En otro orden de cosas, May vio ayer logrado su objetivo de garantizarse la mayoría absoluta en los Comunes con un pacto con los unionistas norirlandeses del DUP, que votarán con los "tories" en asuntos clave: mociones de confianza, presupuestos y, sobre todo, la legislación del "Brexit". A cambio, Londres invertirá en Irlanda del Norte 1.300 millones, razón por la cual el acuerdo causó indignación en Gales y Escocia y en la oposición laborista, que lo consideró "contrario al interés nacional".