El Gobierno de Nicolás Maduro sigue guardando silencio sobre las denuncias de "golpe de Estado" de la oposición venezolana, un día después de la asunción del poder legislativo por el Tribunal Supremo, que declaró "en desacato" a la Asamblea Nacional (Parlamento), en manos de los opositores. Sin embargo, la fiscal general del país, Luisa Ortega, considerada muy próxima al chavismo, no tuvo reparos en denunciar que esa decisión de la corte constituye una "ruptura del orden constitucional".

Las protestas estallaron ayer en varios lugares de Venezuela, pero será hoy cuando una marcha por el centro de Caracas medirá las fuerzas de uno y otro bando, mientras la decisión del Supremo sigue cosechando rechazos: los de la ONU y la OEA, y los de países vecinos como Perú, que ha retirado ya a su embajador, y Colombia, que ha llamado a consultas al suyo.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a los venezolanos a "planificar y ejecutar acciones de protesta" y convocó a una "sesión especial en calle de la Asamblea Nacional que se realizará en la plaza Brión de Chacaíto de Caracas".

La fiscal general sostiene que en la decisión del Supremo "se evidencian varias violaciones del orden constitucional". Ortega llamó "a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad".

El dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles aplaudió la "muy valiente" decisión de la fiscal general, y pidió a las Fuerzas Armadas que se pronuncien en el mismo sentido.

Sin embargo, en su única reacción a la crisis, el Gobierno de Maduro afirmó en un comunicado que "es falso que se haya consumado un golpe de Estado" y denunció una "arremetida" de los gobiernos "de la derecha intolerante", al frente de los cuales sitúa al de EE UUEstados Unidos.

Más de veinte países de la OEA tenían previsto solicitar ayer una sesión extraordinaria del organismo, a celebrar el lunes, para declarar que en Venezuela hay "una alteración del orden constitucional".

Se da por hecho que una mayoría suficiente de países miembros pedirá que se aplique a Venezuela la Carta Democrática, que puede acabar con su suspensión del organismo.

En España, mientras tanto, el Gobierno y los principales partidos, a excepción de Podemos, condenaron la decisión del Supremo de asumir el poder legislativo y exigieron a Maduro que rectifique. El PP, además, presentó una iniciativa parlamentaria para que el Pleno del Congreso debata sobre la "grave crisis institucional" en Venezuela.