El presidente de EE UU, Donald Trump, firmó ayer una tripleta de decretos para reforzar la lucha contra el crimen organizado, que incluye una intensificación del control de la entrada en el país de los inmigrantes indocumentados. "Hoy voy a firmar tres órdenes ejecutivas (decretos) diseñadas para restaurar la seguridad en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a la prensa durante la toma de posesión de su fiscal general, Jeff Sessions, finalmente confirmado ayer de madrugada tras un difícil proceso en el Senado.

El primer decreto ordena reforzar la estrategia contra los "carteles criminales" del narcotráfico que operan en el país. "Una nueva era de justicia comienza, y comienza ahora mismo", sentenció Trump, recobrando una de las expresiones de su discurso de investidura del pasado 20 de enero.

Al firmar el decreto, Trump explicó que se dirige contra "las organizaciones criminales transnacionales", como las procedentes de México, aunque no citó al país vecino. El texto, que tampoco menciona a México, pide que se le entregue en el plazo de 120 días un informe sobre los grupos criminales transnacionales, sus filiales y "su grado de penetración en Estados Unidos", informe que deberá renovarse anualmente.

"Al contrario que en los últimos ocho años, estos criminales por fin se van a ir a casa (deportados)", explicó más tarde el portavoz de Trump, Sean Spicer, quien sostuvo que no se puede "reducir el crimen en EE UU sin afrontar también la inmigración ilegal y las drogas ilegales".

Trump firmó además otros dos decretos, uno para crear "un grupo de trabajo que reduzca el crimen violento" en Estados Unidos y un segundo en el que pide a su equipo que elabore un "plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley".

En su toma de posesión, Sessions, el nuevo fiscal general, cuyo historial abunda en incidentes racistas, prometió combatir el "auge del crimen" en el país y la "ilegalidad" migratoria, asegurando que actuar contra quienes llegan al país sin documentos no es "inmoral" ni "indecente". Sessions fue confirmado, tras un tenso debate, por 52 votos a 47.

"Admitimos a más de un millón de personas al año en el país legalmente y tenemos que acabar con esta ilegalidad que amenaza la seguridad pública y rebaja los salarios de los trabajadores estadounidenses", añadió Sessions. El nuevo fiscal general no mencionó el polémico decreto de Trump que durante 120 días impide la entrada de refugiados en EE UU y durante 90 días cierra la puerta a la llegada de ciudadanos de siete países islámicos (Irán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Sudán).

El decreto, suspendido la pasada semana por un juez federal de Seattle (Washington), se encuentra en manos del tribunal de apelaciones de San Francisco, que debe dictaminar de modo inminente. El jueves, Trump lanzó una dura diatriba contra la justicia a la que acusó de estar politizada por tener paralizado su decreto.

Esta andanada contra los jueces no ha gustado nada al candidato de Trump para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, quien ayer de madrugada afirmó que las críticas de Trump resultan "decepcionantes" y "desmoralizantes". Así lo comunicó, tras reunirse con el propio Gorsuch, el senador demócrata Richard Blumenthal. "Me expresó que está decepcionado por los comentarios desmoralizantes y aborrecibles que el presidente Trump ha hecho sobre el sistema judicial", dijo. Esta revelación no gustó a Trump, quien, en un tuit, no dudó en llamar mentiroso al legislador.

Trump también se reunió ayer con los presidentes de las principales aerolíneas estadounidenses ante los que calificó de "obsoleto" y "desfasado" el sistema de control del tráfico aéreo, así como la flota de aviones y los aeropuertos del país, además de quejarse de que las compañías del sector aéreo reciben "malos equipos" para instalar en sus aparatos.