El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el expresidente de Perú Alejandro Toledo son, por el momento, las dos cabezas más visibles de la larga fila de mandatarios latinoamericanos que se ven afectados por las revelaciones sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en numerosos países del continente.
La Fiscalía General colombiana ha solicitado la apertura de una investigación sobre la denuncia de que Odebrecht contribuyó en 2014 con un millón de dólares (930.000 euros) a la campaña electoral para la reelección de Santos. El empresario Andrés Giraldo, acusado de haber hecho de intermediario para que ese dinero llegara al equipo de Santos, ha negado los hechos.
En cuanto al peruano Toledo (2001-2006), pesa sobre él una petición de arresto preventivo solicitada por la Fiscalía General de su país. Toledo ha sido acusado de recibir de Odebrecht una comisión de 20 millones de dólares (18,75 millones de euros). El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos, se ha desmarcado abiertamente de Toledo, lo que ha llevado a la esposa de este a amenazar a Kuczynski con hablar.
El "caso Odebrecht" tiene sus raíces en las investigaciones sobre la corrupción en el gigante público brasileño Petrobras, que llevaron a la detención en junio de 2015 de Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos del país, ya que la constructora que lleva su apellido tiene 168.000 empleados y opera en 28 países de tres continentes. Tras resistirse durante largos meses a alcanzar cualquier acuerdo con la fiscalía brasileña, Marcelo Odebrecht acabó confesando, a cambio de una rebaja en la petición de condena, que bajó de 19 a 10 años), y de que su empresa dejase de estar proscrita en los concursos de obra pública brasileña.
Las investigaciones han revelado, hasta donde se sabe, que la constructora pagó sobornos a máximos dirigentes de México (10,5 millones de dólares), Guatemala (18), República Dominicana (92), Panamá (59), Colombia (11), Venezuela (98), Ecuador (33,5), Perú (29) y Argentina (35). La lista no está cerrada.
La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a cualquier administración presidencial.
También parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.
