James Robart, un juez federal de Seattle, en el Estado de Washington, suspendió ayer con efecto inmediato, pero temporalmente, el polémico decreto del presidente de EE UU, Donald Trump, que veta desde hace una semana la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia. Trump atacó en Twitter a Robart -"supuesto juez", le llamó-, consideró "ridícula" su decisión y vaticinó que será "anulada".
Sin embargo, el Departamento de Estado informó de que todos los titulares de un visado válido podrán entrar en EE UU sin importar su país de origen. "Hemos dado marcha atrás a la cancelación provisional de visados", informó. Hasta el viernes, unos 60.000. "Los individuos con visados que no hayan sido físicamente cancelados podrán ya viajar si el visado sigue siendo válido".
Previamente, el Gobierno había comunicado a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros.
El decreto de Trump suspende durante cuatro meses la concesión del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional -de tres meses- a la entrada de ciudadanos de los siete países citados y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados.
En tres mensajes en Twitter, después de que la Casa Blanca calificara de "indignante" la decisión del juez Robart, Trump se despachó a gusto. "La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", empezó el magnate neoyorquino.
"Cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad... ¡gran problema!", prosiguió. Y acabó asegurando que "ciertos países de Oriente Medio", a los que no identificó, "están de acuerdo con el veto", porque "saben que si se permite la entrada a cierta gente será (provocará) muerte y destrucción".
Antes, el viernes por la noche, Trump ya había escrito en Twitter: "¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!".
La Casa Blanca anunció que sus abogados presentarán una apelación al fallo de Robart para restituir un veto que es "legal" y "apropiado". "La orden tiene como fin proteger al país y el presidente tiene el deber constitucional y la responsabilidad de hacerlo", indicó en un comunicado.
El dictamen del magistrado es el primer golpe serio que recibe Trump y una victoria política para sus rivales demócratas, cuyos fiscales generales en los estados de Washington y Minesota habían interpuesto la demanda que movió a actuar a Robart.
La suspensión es temporal y rige hasta que el juez tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior a la que acuda el Gobierno, como el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo.
