La justicia argentina ordenó ayer el procesamiento de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.
Es la primera vez que Fernández es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción, aunque ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión.
El sumario, por el que la exmandataria ya declaró como investigada en octubre, indaga una supuesta trama de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral y en detrimento de las arcas del Estado. El grupo Austral es propiedad del empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido esposo de la procesada, el expresidente Néstor Kirchner. Báez está detenido, en otra causa, por presunto lavado de dinero.
A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que se siente víctima de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" puesta en marcha por el actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri. En su opinión, de esa forma el actual presidente intenta "tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina".
La justicia decretó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 635 millones de euros) y el procesamiento, entre otros, de Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que hubo un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
En su resolución, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner (todos procesados) "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada", habrían formado parte de una asociación que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
La asociación estaba "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", resalta el dictamen.
