El primer ministro húngaro, el conservador autoritario Viktor Orbán, se reafirmó ayer ante el Parlamento en su voluntad de reformar la Constitución para blindar el rechazo a admitir cuotas de refugiados impuestas por la UE. La Unión exige a Budapest que acoja a 1.294 de las 160.000 personas a las que prevé reasentar hasta finales de 2017 por el sistema de cuotas, en un proceso que, de hecho, está cercano a la parálisis.
Orbán fracasó el domingo en su intento xenófobo, sometido a referéndum, ya que sólo acudió a votar el 43,3% del censo, cuando la ley exige un 50% para que la consulta tenga validez. Además, solo el 39,9% de las papeletas fueron consideradas votos válidos. El 98% de los votantes que emitieron esos votos válidos respaldaron las tesis del primer ministro, que se ha basado en este dato contundente para calificar de éxito una consulta en la que solo ha apoyado sus tesis el 39% del electorado.
La derrota del domingo le ha granjeado duras críticas. Las más duras llegaron desde el partido ultraderechista y xenófobo Jobbik, que exigió su dimisión.
