La comunidad internacional se dio cita ayer en Cartagena de Indias, ciudad del Caribe colombiano, para arropar al país en la histórica firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que cierra un capítulo de 52 años de conflicto armado interno, que ha causado más de 220.000 muertos y millones de desplazados. En representación de España asistió a los actos el rey Juan Carlos, acompañado de otros 15 jefes de Estado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y responsables de numerosos organismos multilaterales.
El acuerdo fue firmado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, "Timochenko". La rúbrica fue estampada en el documento con lo que se ha bautizado como "balígrafo", una bala de ametralladora del calibre 50 reconvertida en bolígrafo como símbolo del cambio. Cada uno de los invitados al acto recibió un "balígrafo" en el que está grabada la frase "Las balas escribieron nuestro pasado. La paz, nuestro futuro".
Claves del pacto
Entre las principales claves del acuerdo de paz, alcanzado tras cuatro años de negociación en La Habana figuran una reforma rural integral; garantías de seguridad para los exguerrilleros y transformación de las FARC en un movimiento político; medidas sobre el narcotráfico; resarcimiento de las víctimas, y la creación de una comisión de implementación, seguimiento y verificación.
El pacto de La Habana, un complejo texto de 297 páginas, prevé en esencia que las FARC se desarmen y se conviertan en un partido político, pero sólo entrará en vigor si es aprobado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre. La segunda guerrilla colombiana, el ELN, se ha comprometido a observar un alto el fuego que permita el normal desarrollo del plebiscito.
Una vez vigente el acuerdo de paz, entrará en vigor el alto al fuego bilateral y definitivo. Entonces la guerrilla entregará la lista completa de sus miembros (el Gobierno colombiano estima que son unos 7.000 combatientes, más un número similar de milicianos y colaboradores), que se concentrarán temporalmente en 28 puntos de Colombia para, en un plazo de seis meses, dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.
Todo esto se hará bajo la verificación de un órgano tripartito compuesto por el Gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y la chatarra se utilizará para levantar tres monumentos.
Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la violencia. El esquema prevé la creación de tribunales especiales que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves.
Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario se arriesgan a condenas de ocho a 20 años. Sin embargo, se espera que la mayoría de los guerrilleros sean amnistiados con una ley que el gobierno presentará al Congreso una vez que el plebiscito dé luz verde a lo negociado.
