El Consejo Superior de Jueces y Fiscales de Turquía, controlado por el Gobierno, anunció ayer la destitución de otros 543 jueces y fiscales, acusados de relaciones con la red del predicador Fethullah Gülen, exilado en EE UU, al que el presidente Erdogan hace responsable del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.

El número de jueces y fiscales turcos destituidos desde la violenta intentona golpista, en la que murieron 283 personas, asciende ya a 3.390. Unos 80.000 funcionarios han sido despedidos de sus empleos en el ejército, la administración pública, la policía, el sistema educativo y la Justicia por su supuesta relación con Gülen.

Los líderes de Alemania, Francia e Italia se reunirán la semana que viene con Erdogan en China, en el marco de la cumbre del G20, para discutir la crisis migratoria, según confirmó ayer Angela Merkel.

Las autoridades turcas han advertido a la UE de que peligra el acuerdo del pasado febrero para contener la llegada de inmigrantes y refugiados, a menos que se conceda a los turcos el prometido visado para viajar libremente a Europa.

Sin embargo, la UE exige previamente cambios legislativos que garanticen los derechos civiles en Turquía, donde la legislación antiterrorista se convirtió en un mazo en manos de Erdogan para desarticular a la oposición. Turquía anunció ayer que, "debido a las condiciones" del país, no puede hacer cambios en la ley antiterrorista.