El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rubricaron ayer en La Habana el acuerdo de paz que cierra cuatro años de negociaciones. El pueblo colombiano tendrá ahora la última palabra en un plebiscito que determinará si el pacto es efectivo y puede comenzar a aplicarse.

A la firma del documento acudieron los jefes negociadores de las dos delegaciones. Humberto de la Calle por parte del Gobierno y Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", en representación de la guerrilla, así como los embajadores de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz. En las últimas horas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había adelantado que confiaba poder dar al país "una noticia histórica". La lectura del acuerdo se retransmitió en vivo por televisión y miles de colombianos salieron a las calles a celebrarlo.

Ambas partes tardaron 44 meses en negociar hasta la última coma de un acuerdo que pone punto y final a 52 años de insurgencia de las FARC y de violencia militar y paramilitar en una guerra atravesada por otras, como la del narcotráfico.

Tras más de medio siglo de enfrentamientos, inaugurados con el tristemente célebre "Bogotazo"-que marcó a todas las guerrillas latinoamericanas del siglo XX- Colombia suma 200.000 muertos en las fosas y 6 millones de víctimas.

Los seis puntos del pacto tratarán la reforma agraria, inserción de la guerrilla en la vida política, cese al fuego bilateral y definitivo, solución al narcotráfico y reparación a las víctimas. Una vez hecho público ayer, el acuerdo pasará al Congreso, que se ocupará de poner en vigor las leyes para la implementación de lo pactado, así como de convocar el referéndum el próximo 2 de octubre para que los colombianos tengan la última palabra.

Si es aprobado, el acuerdo de paz tendrá definitivamente vía libre. Las FARC entrarán en proceso de desmovilización en un periodo de seis meses bajo la supervisión de una comisión internacional liderada por la ONU. Las FARC dejarán de existir como organización armada y se convertirán en un movimiento político.

El presidente Santos tendrá en el expresidente Álvaro Uribe un contrincante por el "No" en el plebiscito. Uribe ha defendido una postura más dura con las FARC, algo que también solicita la organización Human Rights Watch, que considera que el acuerdo es una "oportunidad sin precedentes" pero insiste en que tiene "graves defectos" que pueden "frustrar" este propósito.