El cortejo de violencia que acompaña a la ya larga secuencia de jornadas de protesta contra la reforma laboral francesa está exasperando al Gobierno francés después de tres meses de tira y afloja. El presidente de la República, el socialista François Hollande, amenazó ayer a los sindicatos -y en particular a la CGT, el más activo en la lucha contra la nueva ley de Trabajo- con prohibir las manifestaciones si amenazan la seguridad de bienes y personas.
La última jornada de protestas, celebrada el pasado martes, volvió a caracterizarse por la acción de grupos violentos que se enfrentaron con dureza a la Policía. Los disturbios se saldaron con 58 detenidos y 40 heridos, de los que 29 fueron policías. En cuanto a la participación, la discrepancia entre las cifras de los organizadores -un millón- y las policiales -80.000- carece de precedentes en décadas.
"Si no se reúnen las condiciones para proteger los bienes personales o públicos, y por el momento no se reúnen, se tomará la decisión caso por caso de no autorizar las manifestaciones", dijo Hollande a través de un portavoz, que recordó que las protestas se siguen produciendo en plena Eurocopa y cuando Francia sigue recibiendo zarpazos terroristas. El lunes por la noche, un yihadista mató en su domicilio de las afueras de París a una pareja de policías.
Las declaraciones de Hollande reforzaron la línea marcada horas antes por el primer ministro, Manuel Valls, quien no sólo amenazó con la prohibición, sino que además denunció la "falta de responsabilidad" de la CGT y en particular "la actitud ambigua del servicio de orden" en la gran manifestación nacional de París.
Valls señaló que en la manifestación de París había "de 700 a 800" violentos "que querían sin duda matar" a los policías. La CGT salió al paso de las "inaceptables" declaraciones del jefe del Ejecutivo, al que hizo responsable de "garantizar la seguridad y mantener el orden en la marcha".
