La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, ha solicitado que su presidente, Henry Ramos Allup, comparezca ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para exponer la situación política y socioeconómica del país en el curso del debate sobre el uso de la Carta Democrática contra la nación caribeña, que puede desembocar en su suspensión como miembro de la organización.
La iniciativa de emplear la Carta Democrática fue tomada el martes por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por considerar que se está produciendo una ruptura del orden constitucional en el país. La iniciativa de Almagro, que en principio no goza del apoyo de numerosos países miembros, desencadenó ayer la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, en el que no participa Almagro, con el objetivo de debatir dos propuestas alternativas al uso de la Carta.
La sesión extraordinaria la había solicitado la misión de Argentina, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Permanente, para debatir una declaración conciliadora y mediadora sobre Venezuela, presentada por la propia Argentina y copatrocinada por Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana y Uruguay.
En la sesión, iniciada anoche, debía debatirse también una declaración de Venezuela, réplica a la iniciativa de Almagro, en la que se afirma el "pleno respaldo (de la OEA) a la institucionalidad democrática y constitucional" de ese país y se rechaza "categóricamente cualquier intento de alteración del orden constitucional venezolano".
La sesión del Consejo se inició con tres horas de retraso, ya que Venezuela insistió en que su convocatoria debía hacerse, de acuerdo con las normas de la OEA, a instancias del propio Gobierno de Caracas. "Se trata de un problema de principios, ningún país va a aceptar que se haga una declaración sobre él sin su autorización y mucho más cuando el propio país está haciendo la solicitud de un Consejo y ha presentado una declaración", argumentó el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, quien consiguió su objetivo.
Mientras, en el interior del país, el presidente Maduro anunció que su Gobierno emprenderá acciones judiciales ante la "campaña de guerra psicológica" que, a su entender, llevan a cabo algunos medios de comunicación españoles. La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó que "los medios de comunicación españoles son libres" y denunció que para Maduro España es "siempre una coartada".
