La intensificación de las acciones promovidas por los sindicatos CGT (procomunista) y FO contra la reforma laboral está colocando a Francia en una situación cada vez más difícil y acerca un poco más a las cuerdas al presidente Hollande y a su primer ministro, Manuel Valls.

En particular, las medidas que se han revelado más eficaces han sido los bloqueos de refinerías, que han dejado sin existencias de combustible a un tercio de las 12.000 gasolineras de Francia, en parte por desabastecimiento y en parte por la tendencia de los consumidores a acaparar en momentos de crisis como los que se viven esta semana en Francia. Hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que recurrir, según admitieron ayer fuentes oficiales, a las reservas estratégicas para paliar el déficit de suministros.

En vísperas de una nueva jornada nacional de protestas, prevista para hoy, las alteraciones en el suministro de energía alcanzaron ayer a las 19 horas a dos centrales nucleares. Francia cuenta 19 centrales nucleares -que producen el 75% de la electricidad que consume el país- y en todas ellas, según anunció anoche la CGT, mayoritaria en el sector, se ha votado ir a la huelga hoy, jueves.

Valls se reafirmó ayer, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, en que no retirará el proyecto de ley de reforma laboral -aprobado por decreto en la Cámara baja- ni modificará su artículo más polémico, el que pretende favorecer la negociación laboral por empresas en detrimento de los convenios colectivos.

El "premier" socialista añadió que su "puerta sigue abierta para el diálogo", una sonda lanzada después de que varios parlamentarios de su propio partido, encabezados por el jefe del grupo en la Asamblea, Bruno Le Roux, hayan lanzado la idea de que hay espacio para negociar algunas concesiones sobre ese artículo.

El primer ministro denunció la actitud de la CGT, de la que dijo que es "una organización minoritaria que quiere doblegar al Gobierno", y la contrapuso a la del gran sindicato reformista, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT, antaño prosocialista), con la que su Ejecutivo pactó la reforma laboral que ahora está en trámite de lectura en el Senado.