El Senado brasileño decidirá esta semana el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político sobre la destitución de la mandataria. Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente la destituye.
En este periodo, Rousseff será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lleva semanas negociando para formar su Gobierno y asumir la Presidencia interina. De confirmarse dentro de 180 días la salida de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato -que vence el 1 de enero de 2019- con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con alianzas tejidas con nuevos socios, algunos de ellos excompañeros de viaje de Rousseff.
El calvario político de Rousseff comenzó a principios de diciembre de la mano del entonces presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en decisión inédita adoptada por unanimidad este viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción en su contra.
Cunha, antiguo aliado del Gobierno convertido en enemigo de Rousseff y considerado ahora el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso a la presidenta.
En su condición de líder de la Cámara Baja, admitió a trámite la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Rousseff y su mentor, el expresidente Lula.
La petición se basó en maniobras contables irregulares del Gobierno para maquillar sus resultados en 2014, que, según fiscales de organismos estatales de contraloría, siguieron en 2015. Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidad", motivo previsto en la Constitución para justificar el proceso. El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el "impeachment" contra Rousseff es un "golpe de Estado".
En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón de Cunha a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la Presidenta a fines del pasado año, pero el Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizarlo.
Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del caso "Lava jato", conducida por el juez Sergio Moro. Políticos, empresarios, funcionarios e incluso Lula están en la mira de Moro.
La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario.
Ni los esfuerzos de última hora de Lula en busca de apoyos ni las promesas del PT a sus antiguos aliados tuvieron efecto alguno y Rousseff sufrió una derrota aplastante en la Cámara: 367 votos a favor del "impeachment" y 137 contra, que evidencia la debilidad de la presidenta.Esta semana el Senado tiene la última palabra.
