La presión de países como Francia y Bélgica, víctimas en los últimos meses de cruentos atentados yihadistas, unida al temor de que se repitan, permitió ayer que el proyecto de crear un registro de pasajeros aéreos, que llevaba tramitándose desde 2011, quedara por fin definitivamente desbloqueado. La Eurocámara lo aprobó por 461 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones.

No obstante, y para contrarrestar las reticencias al proyecto que durante estos cinco años no han ocultado ni siquiera los socialistas, la Cámara aprobó también la nueva norma de protección de datos, que obliga a los actores de internet a ser más transparentes.

El registro de pasajeros (PNR por sus siglas en inglés), cuyo máximo valedor en la Eurocámara ha sido desde el principio el Partido Popular Europeo (PPE), busca dar respuesta a los requerimientos de socios como Francia, que, pese a estar gobernada por los socialistas, no dudó en sumarse a la iniciativa del centro-derecha argumentando que los atentados del pasado noviembre en París se planificaron o se prepararon en el extranjero, y denunciando que las células yihadistas se valen de la libre circulación de personas en el espacio Schengen y de la falta de comunicación entre las inteligencias de los países miembros para perpetrar sus ataques.

El proyecto obliga a cada uno de los 27 estados de la UE (Dinamarca está excluida) a crear una unidad de información que recibirá los datos que reúnen las aerolíneas cuando se hace una reserva: nombre, fecha del viaje, itinerario, forma de pago, acompañantes, equipaje... En total, 19.

Las unidades de información podrán facilitar esos datos -sólo con fines antiterroristas- a petición de un país de la UE o a iniciativa propia. Pero los datos no circularán sistemáticamente entre los 27 socios, como querían los liberales, y sólo se conservarán de forma íntegra durante seis meses; después se enmascararán los elementos identificatorios y se suprimirán a los cinco años.

En cada unidad habrá un responsable de la protección de datos que deberá respetar la otra norma aprobada ayer. Con ella se busca que los ciudadanos puedan ejercer un mayor control de los datos personales que circulan por la red (se contempla el llamado derecho al olvido), pero también fijar reglas claras y armonizadas para las empresas del sector.