La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) declaró ayer "inconstitucional" la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada en febrero por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora. El Parlamento aprobó la ley para liberar a figuras opositoras que considera presos políticos, aunque el presidente Maduro los describe como criminales comunes.

Tras difundirse el contenido de la sentencia, Maduro instó a "todo el mundo" a acatar la sentencia sobre una ley que, dijo, "pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 hasta el año 2015".

Maduro, que se había opuesto desde el principio a la norma promovida por la oposición y que fue quien solicitó al TSJV un pronunciamiento sobre el contenido de la ley, aseguró que la sentencia es "inapelable". El mandatario reiteró que la ley de amnistía que iba a liberar a los opositores encarcelados, la mayoría tras haber sido hechos responsables de la violencia de las protestas antigubernamentales de 2014, que dejaron 43 muertos, promovía la impunidad y desconocía a las víctimas. Entre los opositores presos por esas protestas figura Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión.

Maduro anunció una comisión de la verdad para investigar los hechos y reparar a las víctimas de las protestas, comisión de Estado a la que ha invitado a integrarse a los opositores. "Yo espero que la oposición no vaya a dejar las sillas vacías, que no se vaya a negar al diálogo, y que no se vaya a negar a establecer una comisión de justicia, de reparación de las víctimas, de reconocimiento de las víctimas, de paz", dijo.

Otro de los frentes abiertos por la oposición al chavismo es la convocatoria de un referéndum derogatorio para destituir a Maduro, consulta prevista por la Constitución. El secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, entregó ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) algo más de 2.000 firmas para iniciar el proceso.

Con esas firmas y otros documentos los opositores esperan que el CNE les proporcione en breve plazo los formularios para reunir las cerca de 192.000 firmas necesarias (el 1 por ciento del censo electoral) para iniciar formalmente el proceso de destitución de Maduro. Con posterioridad, los opositores deberán conseguir casi cuatro millones de firmas (el 20 por ciento del censo electoral, compuesto por casi 20 millones de venezolanos) para conseguir que se convoque el referéndum.