La "ofensiva" de gobiernos autoritarios y actores no estatales contra la sociedad civil "se profundizó" a nivel global durante 2015, denunció hoy Estados Unidos en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En el texto, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, subraya la "tendencia acelerada" a "cerrar el espacio de la sociedad civil, reprimir a los medios de comunicación y la libertad en internet, marginar a las voces opositoras y, en los casos más extremos, matar a las personas o expulsarlas de sus hogares".

Este documento que publica anualmente el Departamento de Estado evalúa el comportamiento de los gobiernos extranjeros en materia de derechos humanos y sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país.

Este año, el informe examina las "tácticas" y "estrategias" para "restringir a la sociedad civil" usadas durante 2015 por diferentes Estados, entre los que cita a Cuba, Venezuela, Sudán, China, Rusia, Turquía, Malasia, Irán, Egipto o Kenia.

Regímenes "históricamente autoritarios" como Corea del Norte, Cuba, China, Irán, Sudán y Uzbekistán continuaron el año pasado "controlando la actividad política y prohibiendo o limitando la oposición", detalla.

En el caso de Cuba, Estados Unidos sostiene que han seguido produciéndose "detenciones arbitrarias" de poca duración y también fueron arrestados de nuevo varios "presos políticos" liberados en enero de 2015, mientras que en China la "coerción y represión aumentaron notablemente" contra organizaciones e individuos que defienden los derechos civiles y políticos.

En Rusia, destaca el documento, se "instituyó una serie de medidas para reprimir la disidencia", con la aprobación de "nuevas leyes represivas" para "hostigar, desacreditar, perseguir, encarcelar, detener y multar" a organizaciones y personas críticas.

En Venezuela "docenas" de personas han sido detenidas y son "presos políticos, muchos a la espera de un debido proceso", según el Departamento de Estado.

El texto menciona a Malasia, Turquía y Tayikistán como países que han usado sus leyes antiterroristas o de seguridad nacional para "reprimir la actividad de la sociedad civil".

"En Turquía, el Gobierno ha utilizado leyes antiterroristas, así como una ley en contra de insultar al presidente, para asfixiar el discurso político legítimo y el periodismo de investigación", apunta.

Denuncia también el uso de "procedimientos administrativos y burocráticos" por parte de algunos gobiernos para "restringir la libertad de asociación" y a la sociedad civil, y coloca en esa categoría a países como Egipto, Kenia, Camboya, Uganda, Nicaragua, Bolivia, Vietnam, Pakistán o Ecuador.

En 2015, "fuimos testigos de estremecedores abusos contra los derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario y otros actos delictivos por parte de actores no estatales como el Daesh (acrónimo en árabe del yihadista Estado Islámico, EI), Boko Haram, Al Shabab, los talibanes y organizaciones criminales trasnacionales", indica Kerry en el informe.

A continuación, remarca que esos actores violentos "no aparecen de la nada", sino que "florecen en ausencia de instituciones estatales creíbles y eficaces, donde se bloquean las vías para la expresión libre y pacífica de opiniones, donde los sistemas judiciales carecen de credibilidad".