La controvertida reforma militar de Japón, que permitirá a las tropas niponas combatir en el exterior por primera vez desde su derrota en la II Guerra Mundial (1945), hace ya casi 71 años, entró ayer en vigor con la oposición de una parte significativa de la sociedad del país, que las encuestas cifran en un 49%, frente a un 38% de apoyos.

La medida fue impulsada por el conservador Partido Liberal Demócrata (PLD) del primer ministro Shinzo Abe y por el budista Nuevo Komeito, y se aprobó en la Cámara Alta el pasado septiembre en medio de protestas multitudinarias.

El paquete normativo concede mayores competencias a las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército japonés) con el objetivo de que Japón tenga más peso estratégico en la escena internacional. Sus detractores alegan que pone fin al pacifismo que defiende la Constitución.

En particular, la reforma permitirá a las tropas japonesas defender a sus aliados -por ejemplo, Corea del Sur- y prestarles apoyo logístico si son atacados, así como participar en operaciones de seguridad de la ONU y en aquellas destinadas a asegurar rutas marítimas o a liberar ciudadanos japoneses secuestrados en el extranjero. La nueva condición militar japonesa se produce en el marco de la creciente tensión con Corea del Norte y de las rivalidades con China por el control de determinadas islas del Pacífico.

Hasta ahora, estas actuaciones estaban vetadas por el artículo 9 de la Constitución, que Japón adoptó a instancias de los ocupantes estadounidenses tras su derrota de 1945, y que solo permitía al país usar la fuerza para defenderse en los límites de su territorio.

El Gobierno de Abe aprobó en 2014 una reinterpretación del artículo para poder promulgar la nueva legislación, un atajo que evitó el complejo y largo trámite de modificar la Carta Magna y que despertó un gran descontento entre quienes creen que la reforma acaba con siete décadas de pacifismo en Japón.

De hecho, ayer varias decenas de miles de personas se congregaron frente al Parlamento japonés, en la capital, Tokio, provistas de pancartas y estandartes reivindicativos. Los manifestantes utilizaron megáfonos a través de los que difundieron mensajes como "Abe, dimisión", "Protejamos la vida", "No asesinéis a nadie" o "Detengamos la guerra, no la necesitamos".

La entrada en vigor de la reforma militar coincidió con la aprobación de un presupuesto récord de unos 761.155 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,39%. La partida de Defensa se elevó hasta unos 39.727 millones de euros, con un crecimiento del 1,8 por ciento.