El acuerdo alcanzado este viernes por la noche en Bruselas entre el Reino Unido y sus socios de la UE, que compromete al primer ministro británico, David Cameron, a hacer campaña por el "sí" en el referéndum del próximo 23 de junio, consta de cuatro capítulos principales y afecta a varios pilares de la construcción europea.

| Varias velocidades. Desde el momento en que el acuerdo sea ratificado, habrá respeto mutuo entre los socios que deseen avanzar en la integración económica y monetaria y los que, caso del Reino Unido, no lo deseen. Con todo, se intentará mantener "un campo de juego equilibrado y la integridad del mercado único". En lo tocante a bancos, la City gozará de cierta flexibilidad en la aplicación del conjunto de normas acordado por los socios, que seguirá siendo único. Pero esa normativa conjunta no se ablandará tanto como para dar ventaja a las entidades británicas. No habrá vetos, pero un socio que no participe en la unión bancaria puede forzar una discusión en el seno del Consejo Europeo sobre una medida concreta si su opinión razonada es respaldada por una mayoría cualificada.

| Competitividad. El acuerdo obliga a los socios de Londres a sumar esfuerzos para fortalecer el mercado interior y adaptarlo al entorno cambiante. Las instituciones y los estados buscarán los medios más rápidos y eficaces para ir hacia una mejor regulación, rebajando la carga administrativa y los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente las pymes, y derogar legislaciones innecesarias.

| Soberanía y soberanías. Desde la ratificación del acuerdo, la UE reconocerá oficialmente que el Reino Unido no está "comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión". Cuando se vuelvan a abrir los tratados, se pondrá negro sobre blanco que el lema de una "Unión cada vez más estrecha" no va con Londres. También se especifica en el pacto del viernes que el principio de subsidiaridad (es decir, la prevalencia de la ley nacional sobre la comunitaria si se demuestra que es más eficaz) debe aplicarse "lo más cerca posible del ciudadano" de la Unión. Así, los parlamentos nacionales podrán hacer uso de una "tarjeta roja" o de una opinión razonada en contra de una propuesta legislativa comunitaria en un plazo de 12 semanas desde su transmisión, si el rechazo representa más del 55% de los votos asignados a los parlamentos nacionales (dieciséis, según fuentes europeas).

| Ayudas y libre circulación. El aspecto más controvertido del acuerdo y el que más discusión acarreó -sobre todo, por parte de los países del Este, que constituyen el grueso de la inmigración continental al Reino Unido- es el recorte de las prestaciones sociales a los trabajadores de otros estados miembros. Los Veintiocho autorizan a Londres a aplicar el llamado "freno de emergencia" durante un máximo de siete años. Así, el Gobierno británico podrá denegar ayudas públicas a los inmigrantes comunitarios durante los cuatro primeros años que pasen contratados en suelo británico. Pero este mecanismo sólo podrá ser activado si la supervivencia del Estado del bienestar está en peligro, como Bruselas ya reconoció antes de la cumbre que ocurre en el Reino Unido. Además, se consiente a Londres que las ayudas por hijo que concede a los trabajadores comunitarios se ajusten al nivel de vida de su país de origen si el hijo no reside en el Reino Unido.