La tensión entre chavistas y opositores creció ayer en Venezuela varios enteros después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declarase la "validez" y "vigencia" del decreto de emergencia económica que dictó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a principios de año, y que fue desautorizado el pasado 22 de enero por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que se negó a convalidarlo.

En la sentencia se señala que "el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos". El decreto de Maduro, calificado de "cheque en blanco" por la oposición, fue rechazado con 107 votos de la oposición frente a 53 chavistas.

Tras conocer el fallo del Supremo, el vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, anunció que la cámara rechazará la sentencia, por representar un "hecho grave, flagrante e injustificable de violación a la Constitución, altamente dañino a la institucionalidad del país".

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, anunció, por su parte, que acelerará los trámites parlamentarios para lograr la "salida" de Maduro de la Jefatura del Estado y calificó de "autogolpe" el respaldo de Supremo al decreto de "emergencia económica".

Ramos Allup anunció que la Asamblea llevará ante instancias internacionales la alianza entre el Ejecutivo y el Judicial para "desconocer" al Legislativo. "Nosotros no hemos provocado esta confrontación, pero tampoco podemos eludirla", afirmó.

También adelantó que los partidos opositores se reunirán en los próximos días para "ofrecer una propuesta concreta de salida del Gobierno de Nicolás Maduro". "Tenemos que buscar el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, porque tenemos por delante al pueblo venezolano", indicó.