La reforma de la UE propuesta el martes por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al primer ministro británico, David Cameron, no convence ni de lejos a los euroescépticos -ya sean conservadores, laboristas o del UKIP-, según pudo comprobarse ayer en el Parlamento británico. Cameron defendió a brazo partido el documento, asegurando que el Reino Unido será más próspero en una UE reformada, pero la respuesta que obtuvo fue descalificadora.
El documento de la Comisión, afirmó el diputado conservador euroescéptico Steve Baker, es algo así como "dar brillo a la mierda". Para el exministro de Defensa "tory" Liam Fox, "ninguna de las reformas se acercan siquiera a los cambios fundamentales prometidos al público". Fox añadió que Cameron se arriesga a crear una división duradera en el seno del Partido Conservador.
El propio Boris Johnson, alcalde de Londres y candidato a suceder a Cameron en 2020, consideró que "hay muchísimo más que necesita hacerse" antes de poder respaldar las reformas que posibiliten el encaje del Reino Unido en el bloque.
El texto de Tusk pretende dar respuesta a las cuatro demandas de Londres. En respuesta a la más polémica, la de suspender los derechos sociales de los inmigrantes comunitarios hasta que residan y paguen impuestos cuatro años en Reino Unido, el documento propone lo que se ha llamado un "freno de emergencia". Para activar ese mecanismo, Londres tiene que demostrar que sus servicios públicos, como escuelas y hospitales, sufren una carga imposible de asumir por el aumento de la inmigración.
La propuesta comunitaria recuerda que los ciudadanos de la UE gozan de libertad de movimiento y no deben estar sujetos a discriminaciones en el mercado interior, pero también apunta que este derecho puede estar sujeto a limitaciones por diversas razones, incluido el que se someta a una presión excesiva a los sistemas sociales de un país.
Sobre esa base, la Comisión Europea propondrá cambios en la legislación comunitaria para incluir un mecanismo de salvaguarda con el que responder a situaciones excepcionales de entrada de trabajadores procedentes de otros Estados miembros. Este "freno" de emergencia y la duración exacta de la aplicación del mismo aún tendrá que ser decidida entre los Estados miembros.
Según la propuesta de Tusk, el país de la UE que se encuentre en esa situación de emergencia podrá notificarlo a la CE y al Consejo Europeo, que tendrán que autorizar la activación de ese freno de emergencia, aspecto que rechazan los euroescépticos.
En el capítulo económico, la propuesta incluye un mecanismo para proteger los intereses de los Estados miembros que no pertenecen al euro, como el Reino Unido, pero sin darles derecho a veto ni permitirles retrasar las decisiones urgentes. Las condiciones exactas para activar este mecanismo también tendrán que ser discutidas en las próximas semanas.
La propuesta también recoge el compromiso de incrementar los esfuerzos para mejorar la competitividad y asegura que se evaluarán periódicamente los progresos en la simplificación de la legislación y la reducción de la burocracia para las empresas. Incluye además las preocupaciones que había apuntado Londres en materia de soberanía nacional, integración política y subsidiariedad. En concreto, proponer crear un sistema de "tarjeta roja" para dar más voz a los parlamentos nacionales, que podrán hacer constar sus preocupaciones en materia de subsidiariedad en relación a propuestas de la CE.
