Una comisión formada por 65 diputados de 23 partidos decidirá si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es sometida a un juicio político de destitución, como recomendó ayer de madrugada el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, quien justificó su decisión en presuntas irregularidades fiscales cometidas en el actual ejercicio de 2015.
Eduardo Cunha dijo que hasta ahora había rechazado 27 de las 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referidas a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado. "Sin embargo, tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año", aseguró Cunha.
Los partidos aliados de Rousseff empezaron a movilizarse ayer mismo contra la apertura del "impeachment" y lo primero que hicieron fue presentar un recurso contra Cunha ante el Tribunal Supremo Federal. La denuncia se basa en que Cunha (del Partido del Movimiento Democrático de Brasil) no ofreció a la Presidenta la oportunidad de defenderse ante el Congreso antes de aceptar la petición de juicio político.
La comisión
De acuerdo con la normativa brasileña, 65 legisladores formarán una comisión especial, prevista por la Constitución para juicios de esta naturaleza, y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos controladores estatales constituyen un motivo para destituir a Rousseff.
La comisión, según se acordó ayer, se constituirá el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente el proceso a la presidenta Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, cuya duración aún no ha sido determinada, para presentar su defensa. Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que se requieren al menos dos tercios para la destitución.
