Es el asesor principal del Instituto Elcano en Seguridad y Defensa. Doctor en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y licenciado en Derecho, oficial, en la reserva, de la escala superior de las Fuerzas Armadas y diplomado en Gestión de la Seguridad Nacional por la National Defense University de Washington, Félix Arteaga advierte de que en situaciones como la actual, tras los atentados de París, las instituciones deben mantener la frialdad y no caer en la sobreactuación.

-Tras los atentados de París la sensación de inseguridad es mucho mayor que hace una semana pero el nivel de alerta en España es el mismo. ¿Está justificada la psicosis colectiva?

-Los niveles de alerta deben ajustarse a la sensación ciudadana. Hay que evitar subirlos muy deprisa para que la gente se sienta en peligro y hacerlos bajar muy deprisa para que la gente crea que ya no pasa nada. El nivel de alerta en España es de acuerdo a nuestra situación, que no es como la francesa. No hay evidencias de un ataque o un atentado inminente, estamos dentro de las probabilidades medias de la Unión Europea. El indicador advierte a la gente y a las instituciones de que ese problema existe. Pero la convivencia con el indicador es distinta. Los ciudadanos franceses en muy poco tiempo se acostumbrarán al nivel 5 y reharán su vida.

-¿El nivel 4 de alerta que hay en España a qué obliga?

-Lo primero, a mantener los programas que hemos tenido hasta ahora, que nos han garantizado que no pasara nada y que los problemas se pudieran prevenir y detectar a tiempo. Se mantiene la presión y los que quieren hacer algo se sienten vigilados, bajo observación. Si hacemos algo más corremos el riesgo de sobreactuar, que es algo para lo que ahora mismo no tenemos ninguna base racional y trasladaríamos a los ciudadanos un miedo a una situación que luego no les podemos concretar. Se puede exigir una mayor autovigilancia cuando existen evidencias concretas, pero no se debe sobrecargar la presión. No existe riesgo cero, cualquiera, todos y cada uno de los ciudadanos están corriendo un riesgo.

-¿Esa sobreactuación de la que habla acarrearía más problemas que ventajas?

-Estos indicadores de alerta antes no existían de forma general. Había países que los tenían y otros no y las sociedades que carecían de ellos se quejaban de que sus gobiernos no les habían prevenido de una situación potencialmente peligrosa. Poco a poco se han ido instalando estos indicadores, cuya función es trasladar a los ciudadanos cómo está la situación. Esa comunicación es positiva porque la gente entiende qué pasa y no puede alegar que nadie le había comunicado un riesgo pero, al mismo tiempo, la sociedad comparte la preocupación de esos números que antes solo conocían los expertos. Ese es el coste de la información. Si quieres transparencia al final tienes algo de desasosiego.

-¿Una mayor presencia policial es las calles es señal de más tranquilidad?

-La percepción varía, según se mire del punto de vista ciudadano o de los profesionales de la seguridad. Los ciudadanos traducen la presencia de uniformes o vehículos policiales en la calle en una sensación de más seguridad, en cambio los profesionales entienden que esa presencia tiene un efecto mucho más limitado en la prevención. Lo que realmente funciona son las actividades que se hacen sin esta constatación. Eso es lo que tienen que combinar los gobiernos. Los ciudadanos deben saber que hay probabilidades de riesgo y aunque se hace mucho y en la vida diaria casi no te afecta, en algún momento algo te puede pasar.

-¿Dónde está el límite entre la preservación de los derechos individuales y la seguridad?

-Es el debate entre libertad y seguridad. En las sociedades avanzadas se resuelve mediante un sistema de contrapesos. Cuando hay actos que aconsejan incrementar los controles se adoptan medidas extraordinarias, ahora también se entiende que son provisionales mientras duren las condiciones extraordinarias y deben estar sometidas a vigilancia y supervisión de los poderes públicos y el parlamento para evitar que se erosionen las libertades bajo el pretexto de una mayor seguridad.

-Los atentados de París centraron uno de sus objetivos en un partido de fútbol, esta semana se han suspendido otros dos encuentros internacionales, uno de ellos entre España y Bélgica en Bruselas. ¿El Real Madrid-Barcelona de este sábado tiene más riesgo que hace una semana?

-A veces se cierran las fronteras porque algunos encuentros deportivos pueden movilizar a grupos radicales. Los protocolos para evitar estas situaciones de riesgo llevan mucho tiempo implantados en Europa. Toda concentración de personas siempre conlleva el riesgo de que incremente la oportunidad de un atentado. Pero esas concentraciones en ciudades como Madrid o Barcelona se dan en muchas áreas como hemos visto ahora en París y no se puede tratar de evitar y garantizar un riesgo cero. Cualquier actividad que genere una acumulación de personas es una situación de riesgo. Las autoridades tienen el deber de advertirnos y la obligación de adoptar medidas previas, pero en esas condiciones no se puede garantizar que no pase nada.

-El presidente de Francia ha pedido la reforma de la Constitución para combatir el terrorismo yihadista. ¿Cree que en España hará falta una iniciativa similar?

-No veo la necesidad de adoptar medidas excepcionales. En mi opinión es contraproducente. Hay que seguir las medidas que recomiendan las fuerzas de seguridad. Cuando se habla de modificar constituciones se trata de cambios que afectan a derechos y garantías y libertades y por algunos hechos aislados no se deben adoptar medidas irreversibles. Una vez que se toma ese tipo de medidas es muy difícil desmontarlas. En países como Francia y España hay un conocimiento preciso de lo que es el terrorismo y es muy difícil que un cambio constitucional ayude. Hace falta frialdad y pensárselo muy bien antes de realizar cambios en la Constitución.

-¿El atentado de 2004 en Madrid cambió los protocolos preventivos?

-Aquí se le ha dado la vuelta completamente al calcetín. Los servicios de inteligencia, seguridad, policía y justicia se han adaptado a la nueva realidad, han dedicado tiempo, esfuerzo, formación, personal y presupuestos. Se han creado centros que intercambian información, donde miembros de varias agencias colaboran y trabajan codo a codo, comparten datos y hacen operaciones conjuntas en España y con otros países europeos. Ha habido un cambio exponencial, que ha permitido prevenir muchos atentados. Siempre se puede hacer más, pero en líneas generales la mentalización de que no se puede trabajar como se hacía hace 20 años ha cundido y es un lugar común. Nuestra policía se ha especializado y se ha internacionalizado y ahora queda adaptarse a los cambios. España es muy activa en la lucha antiterrorista.