El Gobierno de EEUU, que preside Barack Obama, recurrirá al Tribunal Supremo la suspensión de sus medidas en materia migratoria, avalada ayer lunes por una corte de apelaciones, informó hoy el Departamento de Justicia.

"El Departamento no está de acuerdo con el fallo adverso del (tribunal del) Quinto Circuito y tiene la intención de plantear una nueva revisión a la Corte Suprema de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Alto Tribunal, máxima instancia judicial del país, era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales de 2016.

Un fallo favorable del Tribunal Supremo es visto por los defensores de derechos de los inmigrantes y la Presidencia como la última esperanza para que los programas impulsados por Obama surtan efecto antes que el presidente finalice su periodo al frente del país en enero de 2017.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans, falló este lunes en contra de dos medidas esenciales destinadas a evitar las deportaciones de millones de indocumentados.

Así, el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA) se mantendrá durante, al menos, varios meses hasta que el Supremo se pronuncie.

La DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y la DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Un total de 26 estados, en su mayoría republicanos, encabezados por Texas, sostienen que los decretos de Obama en materia de inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso, por lo que los han denunciado.

Obama decidió hacer uso de su poder ejecutivo para aliviar la presión sobre millones de inmigrantes después de que el Legislativo, controlado por la oposición republicana, fuera incapaz de aprobar una reforma migratoria integral que pusiera fin a un sistema que tanto demócratas como conservadores consideran "roto".