Jefes de Estado o de Gobierno de trece países europeos directamente afectados por la crisis de los refugiados, entre ellos Alemania, Hungría, Grecia, Eslovenia, Serbia, Albania y Macedonia, se reunieron ayer en Bruselas, convocados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para mejorar la toma de decisiones a la hora de reforzar los controles en sus fronteras.
Los reunidos debatieron sendos documentos de Juncker y de la agencia europea de fronteras (Frontex), en los que se incluyen medidas duras -Podemos las calificó ayer de "contrarias a los Derechos Humanos"- para rebajar la intensidad de la oleada de refugiados. Entre ellas está la de alojarlos en centros cerrados en el primer país comunitario al que lleguen, con el compromiso de no permitir el paso de refugiados a otro Estado sin su consentimiento.
Además, los reunidos estudiaron la propuesta de Juncker, que Frontex teme que sea ilegal, de desplegar de modo inmediato 400 guardias de fronteras en Eslovenia, adonde sólo el pasado miércoles llegaron 12.600 demandantes de asilo y el pasado sábado otros 7.000.
Países como Croacia y Bulgaria criticaron con dureza el texto, que anoche seguía siendo objeto de una intensa discusión por las grandes divergencias que suscita en las diferentes capitales.
En un receso de la reunión, el primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, celebró la oportunidad de diálogo que ofrece la cita, pero se mostró poco confiado en que del encuentro surja "algo que pueda ser muy útil de manera inmediata". Vucic abogó por "superar las disputas" entre los socios de la región, "reforzar las fronteras" de la UE y "hablar entre los países afectados" de la gestión del flujo migratorio.
La canciller alemana, Angela Merkel, abogó en los primeros compases de la reunión de ayer por centrar los esfuerzos en "repartir mejor las tareas" de atención y acogida de los miles de refugiados. La canciller germana, que se ha visto desbordada por su política de puertas abiertas, pidió que se asegure un "trato digno" para los inmigrantes.
La afluencia de refugiados a Alemania ha abierto una seria crisis interna en el gabinete alemán, con los socialcristianos bávaros en primera fila de las críticas, y semana a semana está haciendo caer en las encuestas el apoyo de los alemanes a la canciller, que hasta el estallido de la crisis se encontraba en un momento de gloria. El sábado entró en vigor la nueva ley de asilo alemana, que acelera los trámites de expulsión.
