El Tribunal Constitucional portugués declaró ayer inconstitucionales tres de los cuatro recortes salariales aprobados para el sector público y las pensiones en 2013, valorados en unos 1.200 millones. "El Gobierno no se precipitará para responder a esta situación, que es compleja y cuya solución no será sencilla", alertó el "premier" Pedro Passos Coelho, quien anunció que su Ejecutivo explicará cómo supera esta "gran adversidad". La medida llega dos semanas después de que se cerraran oficialmente los tres años de supervisión de la troika.
