El Gobierno conservador británico anunció ayer un nuevo código de conducta policial y la revisión de las competencias para detener y registrar a ciudadanos en la calle tras comprobar un abuso de estos poderes. La ministra del Interior, Theresa May, admitió en los Comunes que, según un informe oficial, el 27% del millón de registros que se llevó a cabo el año pasado no tenían fundamento y sólo un 10% se tradujo en arrestos. Estas competencias, introducidas por el laborista Tony Blair, era muy criticada por grupos de defensa de los derechos civiles.