El presidente francés, François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, afrontan una seria rebelión en las filas de su Partido Socialista (PS). Una parte de los diputados -hasta un tercio- está en franco desacuerdo con el plan de austeridad presentado la semana pasada por Valls -pero aún no votado- para ahorrar 50.000 millones de gasto público. El mismo día que el jefe del Gobierno dio a conocer sus planes, una parte considerable de la bancada socialista le pidió que deje los recortes en 35.000 millones.
Pero ayer, además, los diputados socialistas adscritos a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se permitieron presentar un plan de ahorro alternativo para evitar que el poder adquisitivo de los franceses se vea menoscabado, según informó "Le Monde". El programa de recortes de Valls obliga al Gobierno a reducir 50.000 millones de gasto entre el año que viene y 2017 por la vía de congelar hasta fines de 2015 las pensiones y las prestaciones sociales, y que los sueldos de los funcionarios no registren subidas.
"Hay una oposición muy clara. El objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre el Ejecutivo y la mayoría", dijo ayer al vespertino parisino la encargada socialista de presupuesto, Valérie Rabault, en referencia a las dificultades que podría encontrar ese programa en su votación en la Cámara baja, prevista para el próximo día 29.
Los diputados socialistas adscritos a la Comisión de Finanzas no reclaman, como los otros, que el recorte sea inferior a 50.000 millones, pero sí proponen aplazar a 2016 la aplicación del llamado pacto de responsabilidad en las grandes empresas y que la medida sólo afecte desde 2015 las pymes. Además quieren bloquear la evolución de ciertos gastos fiscales y lanzar un plan de lucha contra el fraude fiscal.
El desgaste de Hollande se vio acrecentado la semana pasada por la dimisión de su principal asesor, Aquilino Morelle, acusado de asesorar secretamente a una farmacéutica cuando trabajaba en el organismo oficial dedicado a controlar a este tipo de empresas.
