El expresidente egipcio Hosni Mubarak negó esta sábado los cargos que se le imputan por corrupción y por la muerte de manifestantes en la revuelta que le desbancó del poder en 2011, durante la primera sesión del nuevo juicio, que ha quedado aplazado hasta el próximo 8 de junio.
El exmandatario, que asistió al inicio del proceso con semblante serio y sentado en una camilla acompañado de sus hijos, hizo un gesto de negación con la mano para rechazar las acusaciones.
También se mostraron en contra de los cargos por la muerte de manifestantes el exministro de Interior egipcio Habib al Adli y seis de sus ayudantes.
El abogado de la Fiscalía Mustafa Jater acusó a estos procesados de participar "con premeditación y alevosía" en el uso de la fuerza y asesinato de manifestantes durante las protestas "pacíficas" que comenzaron el 25 de enero de 2011 en contra del régimen en distintas provincias del país y que llevaron a la caída del "rais".
Según Jater, Mubarak permitió al exministro el uso de armas de fuego y vehículos para que la policía cometiera los crímenes, y no intervino para evitar que esto sucediera.
Al Adli también fue acusado del corte de telecomunicaciones en Egipto y del vacío de seguridad durante los disturbios, mientras que uno de sus ayudantes, Husein Abdelrahman, supuestamente no detectó los planes de "algunos elementos extranjeros" de liberar a presos de las cárceles.
Sus hijos también niegan todo
Igualmente negaron los cargos los hijos del expresidente Alaa y Gamal, a los que se juzga por la supuesta venta de gas a Israel por un valor menor al precio de mercado, en una causa por la que también está procesado el empresario fugado Husein Salem.
Este contrato de gas supuso para el estado una pérdida de 714 millones de dólares, según la Fiscalía.
Mubarak también fue acusado de recibir cinco mansiones por valor 39 millones de libras egipcias (5,6 millones de dólares) que pertenecían a Salem, quien a cambio supuestamente logró para su empresa terrenos de más de dos millones de metros cuadrados en zonas privilegiadas de Sharm el Sheij, en la costa de la península del Sinaí.
Tras la lectura de los cargos, el juez Mahmud el Rashidi -que había recibido una caja sellada con nuevas pruebas- dejó hablar a los abogados de la acusación particular, que mostraron sus quejas sobre una supuesta discriminación en el trato en comparación con la defensa de los procesados.
El Rachidi pidió también a la acusación que se pusiera de acuerdo para no tener que atender por separado las demandas de los más de 2.000 abogados particulares en el proceso.
En relación con Mubarak, el magistrado pidió al expresidente si autorizaba la participación de dos nuevos abogados kuwaitíes, algo que descartó el letrado defensor Farid el Dib.
El expresidente afronta la repetición del juicio ordenada en enero pasado por un tribunal de apelación, que a su vez anuló la cadena perpetua dictada contra él y el exministro egipcio de Interior por irregularidades en el proceso.
