Crímenes de guerra

Ríos Montt se niega a declarar en su juicio por genocidio

El general golpista es procesado por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil a manos del Ejército de Guatemala

19.03.2013 | 23:46
El general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt
El general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt

El general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue sentado este martes en el banquillo de los acusados de un tribunal penal de esta capital en el inicio del histórico juicio en su contra por genocidio y crímenes de guerra, hechos sobre los que se negó a declarar.

"Sobre eso declararé, pero en otro momento", respondió el anciano general a la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, quien le informó sobre las razones por las que es procesado y le detalló los hechos y delitos que se le imputan.

Ríos Montt, de 86 años, quien es procesado por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil a manos del Ejército durante el período que gobernó de facto Guatemala, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, utilizó audífonos especiales para escuchar a la juez tras argumentar que parecía un problema auditivo.

El también general retirado, José Rodríguez, quien fue jefe de la temida Dirección de Inteligencia del Ejército durante el mismo período y que procesado bajo los mismos cargos, también se negó a declarar ante los jueces.

"En una emboscada que me hicieron los delincuentes terroristas..." quiso explicar Rodríguez a Barrios, perdió la sensibilidad en sus oídos, pero la magistrada le pidió que se limitará a responder si había comprendido las razones por las cuales era enjuiciado.

Esta es la primera vez en la historia jurídica y política de Guatemala que un exjefe de Estado y un exjefe de Inteligencia Militar, son sentados en el banquillo de los acusados para que respondan por los miles de asesinatos en contra de civiles ocurridos durante los 36 años que guerra civil que vivió este país centroamericano entre 1960 y 1996.

La estrategia diseñada por la defensa de Ríos Montt para evitar el inicio del histórico juicio fracasó debido a la tenacidad inquebrantable con que los jueces fueron desvaneciendo, uno a uno, los recursos interpuestos.

Para sorpresa de muchos, los cuatro letrados que integraban la defensa del anciano general fueron declarados en situación de "abandono" por el tribunal, debido a que no llegaron a la audiencia.

En lugar de éstos, Ríos Montt acreditó a Francisco García Gudiel como su único defensor, quien tras ser aceptado como tal interpuso cinco recursos para evitar el inicio del juicio, los cuales fueron, uno a uno, rechazados por los miembros del tribunal.

Como última carta para detener el proceso García Gudiel, cuando ya se había iniciado oficialmente el juicio, presentó una recusación para que la jueza Barrios dejará de conocer el proceso, por considerarla su "enemiga".

El tribunal rechazó la recusación y además expulsó de la sala a García Gudiel, y ordenó a los abogados César Calderón, defensor de Rodríguez, y a Moisés Galindo, asumir en esta audiencia, la defensa del ex jefe de Estado de facto.

La jueza dejó abierta la posibilidad para que uno de los anteriores abogados de Ríos Montt puedan defenderlo en las posteriores audiencias del juicio.

Al abandonar el tribunal, García dijo a los periodistas que presentará una denuncia contra Barrios por "prevaricato" y también un recurso de amparo por rechazar la recusación que presentó.

Por su parte, Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, aseguró que durante el juicio "vamos a probar que durante el gobierno de Ríos Montt se produjeron muertes, violaciones, desplazamientos, bombardeos, con el objetivo de destruir al grupo étnico Ixil".

Como resultado de esos hechos, precisó el fiscal, "como mínimo se causó la muerte de 1.771 indígenas ixiles, de los cuales 249 han sido exhumados y 179 identificados".

Según analistas judiciales locales, el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt y Rodríguez podría prolongarse durante más de un mes, debido a que habrá que conocerse durante las audiencias los testimonios de 84 personas, 61 peritajes y 126 documentos.

De ser encontrados culpables, los procesados podrían ser condenados a penas de más de cien años de prisión, aunque la legislación penal guatemalteca establece en 50 años las penas máximas efectivas.

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