La Comunidad Iberoamericana de Naciones se ha blindado contra eventuales nuevos golpes de Estado en la región, al abrir la puerta a la expulsión de uno de sus 22 miembros en caso de que se produzca una interrupción de la democracia en ese país.
Los líderes iberoamericanos reunidos en Mar del Plata (Argentina) han aprobado una declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica que establece cómo pueden reaccionar ante una violación de la democracia y el orden constitucional en uno de sus miembros o incluso ante una amenaza de que se altere la normalidad democrática.
La cláusula no tiene carácter retroactivo, por lo que no podrá aplicarse en Honduras, país al que no obstante se ha vetado en esta cumbre por la negativa de Argentina, apoyada por la mayoría de países sudamericanos, a invitar al Gobierno de Porfirio Lobo, al que no reconocen como legítimo y le exigen el regreso del depuesto Manuel Zelaya al país con garantías de que no será detenido y podrá ejercer la política.
Tampoco está pensada para Cuba, la única dictadura del país, y cuyos representantes en la cumbre han dado el visto bueno al documento. Y eso que la declaración afirma que la comunidad iberoamericana "se asienta en el respeto irrestricto del Estado de Derecho, el respeto a la soberanía, la defensa de la democracia (...) el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, que son requisitos esenciales para la participación en los distintos órganos de la Conferencia iberoamericana", que se reúne de forma anual desde 1991.
Entre esas libertades fundamentales, se cita por ejemplo "el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado" y "la libertad de opinión y expresión". Fuentes diplomáticas han explicado que lo que intenta este foro con isla no es excluirla, sino arroparla y acercarla a los estándares democráticos. Además, la cláusula sólo se puede activar a petición del Estado afectado.
Cuando se produzca la ruptura del orden constitucional o del Estado de Derecho en un país de la comunidad iberoamericana, la cláusula abre la puerta a que se convoque una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para que "con plena participación del Gobierno legítimo afectado" decidan "por consenso realizar gestiones diplomáticas en el Estado afectado con el objeto de contribuir a la restitución del proceso político institucional democrático y del Estado de Derecho a la brevedad posible" y "suspender" a ese país "del derecho a participar en los distintos órganos e instancias" y de los beneficios de participar en la Conferencia Iberoamericana "hasta que el orden constitucional sea restablecido".
La cláusula prevé asimismo que cuando el gobierno constitucional de un Estado miembro considere que existe una amenaza de ruptura o alteración del orden democrático que lo afecte gravemente, podrá notificar la situación a la Comunidad Iberoamericana con el fin de que los Estados miembros "puedan decidir la adopción de acciones concretas concertadas de cooperación y el pronunciamiento de la comunidad iberoamericana para la defensa y preservación de su institucionalidad democrática".
No habrá sanciones económicas
Fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que vivió un intento de golpe de Estado en septiembre pasado con la sublevación de la Policía, quien propuso la idea pero el texto final difiere considerablemente de las ambiciones del ecuatoriano, que perseguía que la comunidad iberoamericana fijara sanciones económicas y el cierre de fronteras en caso de que uno de sus miembros sufriera una alteración del orden democrático, en línea con la cláusula democrática de la que se dotó Unasur recientemente.
Además, Correa no había previsto cómo el país sancionado podría en un futuro reingresar en el foro, lo que llevó a muchos países iberoamericanos a advertir de que en caso de dotarse de una cláusula que permitiera excluir a un miembro, había que diseñar también cómo podría regresar en un futuro si la normalidad democrática se restablecía.
Fue Argentina finalmente quien presentó la propuesta de declaración que se ha debatido en estos días y que establece que el país expulsado podrá regresar a la comunidad cuando se restablezca el orden constitucional violado.
