Las aseguradoras privadas entrarán en el pilar público de la nueva sanidad de EE UU

AGENCIAS - WASHINGTON La oferta de un seguro público a quienes no puedan o no quieran contratar uno privado sigue siendo, junto al aborto, la gran piedra de toque de las negociaciones en el Senado de EE UU sobre la reforma de la sanidad.
El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció ayer de madrugada que el grupo de senadores demócratas encargados de armonizar los dos proyectos existentes ha alcanzado un acuerdo plasmado en un borrador que ahora será remitido a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Reid apenas dio detalles, pero fuentes demócratas indicaron que los senadores alcanzaron un acuerdo para que el seguro público sea ofrecido por un consorcio de aseguradoras privadas sin ánimo de lucro, pero sea gestionado por la misma oficina pública que actualmente gestiona los seguros de los funcionarios. Además, la intención es rebajar la edad mínima para acogerse al programa Medicare, que gestiona el seguro de los pensionistas, desde los actuales 65 años a los 55 años.
En cuanto al aborto, el Senado rechazó este martes una propuesta sobre el trato que le daría la reforma legislativa. Presentada por el demócrata Ben Nelson, cuyo apoyo es crucial para sumar los 60 votos necesarios por los demócratas para sacar adelante la ley en el Senado, la propuesta pretendía impedir que las personas que reciben subsidios públicos contraten seguros médicos que cubran el aborto. La enmienda, rechazada por 54 a 45, también pretendía vetar la financiación estatal de este tipo de servicios en prácticamente todas las circunstancias.
La ley federal en vigor prohíbe la financiación pública del aborto salvo en casos de incesto, violación, o cuando corre peligro la vida de la madre.
La financiación del aborto es uno de los asuntos que más divisiones ha generado en el debate sobre la reforma de salud en el Senado, que pretende ampliar la cobertura médica a 31 millones de personas que carecen de un seguro, y reducir los costos de salud en EE UU.
El Consejo de Investigación sobre la Familia (Family Research Council), de corte conservador, criticó el rechazo de la enmienda y prometió continuar su campaña de movilización nacional.