primer juicio del proceso

Argentina juzga a los responsables de los crímenes de la dictadura

27.04.2009 | 23:51
Militantes de izquierda se concentraron frente a un mural con el retrato de Floreal Avellaneda, las afueras de los tribunales de San Martín, donde hoy son juzgados los represores de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la última dictadura argentina.
Militantes de izquierda se concentraron frente a un mural con el retrato de Floreal Avellaneda, las afueras de los tribunales de San Martín, donde hoy son juzgados los represores de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la última dictadura argentina.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina en la guarnición militar bonaerense de Campo de Mayo comenzó hoy con el caso del asesinato de Floreal Avellaneda, que tenía 15 años cuando fue secuestrado con su madre.

Se sientan en el banquillo los ex generales Santiago Omar Riveros, quien era entonces jefe del complejo militar y Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de la guarnición.

Están además el ex director de la Escuela de Infantería de la unidad, Osvaldo García, los oficiales retirados César Fragni y Raúl Harsich, y el ex policía Alberto Aneto.

Todos ellos afrontaron la primera vista del juicio por el secuestro y asesinato por empalamiento del chico, cuyo cuerpo apareció en 1976 en las costas de Montevideo.

Con la sala colmada por familiares de la víctima, activistas de derechos humanos y militantes de izquierda, los acusados escucharon los cargos leídos por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín en el primer juicio de la "megacausa" abierta por delitos cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, que reúne unas 40 causas que contemplan 500 víctimas.

Allí funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la última dictadura argentina (1976-1983), que dejó 18.000 desaparecidos, según datos oficiales, cifra que organizaciones humanitarias elevan a 30.000.

Durante el juicio desfilarán unos 120 testigos y se espera el relato de la madre del chico, Iris Pereyra, quien el 15 de abril de 1976 fue secuestrada junto al menor por un grupo de tareas del Ejército que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de Munro y permaneció detenida hasta 1978.

"Entraron a casa como si fuéramos delincuentes, balearon la casa y en represalia a que mi marido se pudo escapar, nos tomaron a nosotros dos. Y aparecimos en la comisaría (bonaerense) de Villa Martelli. Uno de los que comandaba el operativo era (el principal Alberto) Aneto, que fue el que nos torturó", relató a Efe Pereyra poco antes de que comenzara la vista.

Según la causa, Iris Pereyra y el "Negrito" Avellaneda fueron torturados en la comisaría de Villa Martelli para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

"Después de torturarnos tanto, me lo trajeron (a Floreal), y me dijo: 'Mami, decí que papi se escapó'. Fueron las últimas palabras de él antes de separarnos", recordó emocionada Pereyra, vestida con una camiseta que decía :"Negrito vive".

"Muchas veces nos parecía increíble que pudiese llegar este juicio. Espero que sean juzgados como corresponde, que les den cadena perpetua en cárceles comunes", sostuvo a Efe Floreal Avellaneda, padre del joven, quien vivió en la clandestinidad durante el régimen militar.

Los acusados deben responder por delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro y torturas aplicadas a Pereyra y Avellaneda y por el homicidio del joven, militante de la Federación Juvenil Comunista.

El secuestro de Pereyra y Avellaneda, cuyo cuerpo apareció el 14 de mayo de 1976 en la costa uruguaya junto a otros siete cadáveres, se produjo durante el Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

Riveros, que fue comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, fue condenado por su conducta durante el Juicio a las Juntas Militares, pero en 1989 fue exonerado en el marco de los indultos dictados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

No obstante, años más tarde quedó imputado por el robo de bebés a víctimas de la represión.

Riveros, Verplaetsen y García gozaban del beneficio de la detención domiciliaria, pero en vísperas del juicio fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz, en las afueras de la capital argentina, mientras el resto de los imputados están detenidos en Campo de Mayo.

Este juicio es el primero por delitos de la dictadura en el que actúa entre los querellantes un partido político, el Partido Comunista.

"Venimos a reivindicar justicia. Era un compañero joven que fue muerto por la dictadura por el empalamiento, un método que se utilizaba en la época medieval", señaló a Efe Leonardo Herrera, secretario político de la Federación Juvenil Comunista.

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