Según expertos consultados hoy por Efe, el asunto amenaza con convertirse en un prolongado drama legal que distraerá la atención de las prioridades legislativas del Gobierno del actual presidente de EEUU, Barack Obama, inmerso en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y en la promoción de las reformas de salud y energética, entre otros proyectos.

Tras la divulgación de documentos sobre el uso de la tortura durante el anterior gobierno presidido por George W. Bush, grupos liberales -muchos de los cuales contribuyeron a la victoria electoral de Obama- y defensores de los derechos humanos exigen la creación de una comisión independiente.

El viernes pasado, Obama dijo que se opone a una caza de brujas y consideró que éste es un momento "para la reflexión y no para represalias". Pero cuatro días después, dejó abierta la posibilidad de una investigación.

Sin embargo, en reuniones con líderes demócratas del Congreso el miércoles y con un grupo bipartidista de legisladores el jueves, Obama dejó en claro que, por ahora, se opone a una Comisión de la Verdad.

También el Congreso sufre una lucha interna: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros demócratas del ala liberal del partido apoyan la creación de una Comisión, pero el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, pide cautela y prefiere que el Comité de Inteligencia complete su propia investigación.

Un día después de su investidura, Obama prohibió la tortura y ordenó el cierre del centro de detenciones en la base naval de EEUU en Guantánamo (Cuba).

En aras de la transparencia, el Pentágono dijo anoche que antes del próximo 28 de mayo divulgará "un número sustancial" de fotografías que demuestran los abusos cometidos contra prisioneros en Irak y Afganistán.

Sería la primera vez que se publican fotos de abusos en otras cárceles, después de que las de la cárcel iraquí de Abu Ghraib desataran una tormenta política hace cinco años.

Pese a esta transparencia, persiste la ambigüedad en torno a qué hacer dentro del marco jurídico con quienes formularon las políticas de tortura para ablandar a terroristas.

Algunos republicanos, como el líder de la minoría en la Cámara Baja, John Boehner, se oponen a la comisión por considerar que ésta no arrojaría "ninguna novedad" y porque los líderes del Congreso estaban al tanto de los métodos usados en los interrogatorios.

Boehner cree, en cambio, que la divulgación de más documentos demostraría que los métodos coercitivos, entre éstos la asfixia simulada y la privación del sueño, sí consiguieron datos valiosos para la lucha antiterrorista.

De cualquier forma, los expertos no creen que, con los nuevos datos, se puedan resistir a una investigación seria sobre lo ocurrido.

"Elogiamos la divulgación de las fotos porque es necesario saber el alcance de los abusos, y porque éstas demuestran claramente que no fueron casos aislados que sólo ocurrieron en Abu Ghraib. Es importante que también haya una rendición de cuentas", dijo Amrit Singh, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, que demandó al Gobierno para lograr la publicación de las fotos.

"Sin embargo, cuanto más aumenten las pruebas sobre el uso de la tortura, creo que será cada vez más difícil que la Administración Obama pueda resistir las presiones políticas para que se investigue el asunto, ya sea con una comisión de la verdad o un fiscal independiente", opinó Singh.

Por su parte, John Fortier, analista del "American Enterprise Institute", considera que Obama "tiene ante sí un asunto muy volátil y será difícil que pueda lograr un término medio que contente a todos".

"La base demócrata votó por un cambio pero, en general, los republicanos e independientes están más preocupados por asuntos de seguridad. El Congreso y la Casa Blanca tendrán que elaborar alguna solución, porque las presiones no van a desaparecer", agregó.

"Human Rights Watch" instó hoy a Obama a que garantice que quienes autorizaron la tortura "rendirán cuentas".

Igualmente, el grupo "Testigos contra la Tortura" anunció una protesta frente a la Casa Blanca el próximo jueves para presionar al Ejecutivo que investigue los posibles crímenes del pasado.