La publicación hoy de un informe del Senado, que indica que el anterior Gobierno de EEUU comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de ser autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara al primer sospechoso de terrorismo de alto nivel, sólo ha añadido más leña al fuego.
A este informe se suma un memorando del director de los Servicios de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, publicado hoy en la prensa, en el que señala que "la información obtenida mediante estas técnicas fue valiosa en algunas ocasiones.
No obstante, también agregó que "no hay ninguna manera de saber si esta misma información podría haber sido obtenida mediante otros medios".
Obama ha sugerido que quiere cerrar este capítulo y ha dejado claro que no se enjuiciará a los que llevaron a cabo las torturas, pero no ha descartado la posibilidad de que se tomen medidas contra aquellos que las legitimaron, sobre lo que afirmó que "eso será más una decisión para el fiscal general dentro de los límites de varias leyes y no quiero emitir un juicio anticipado sobre esto".
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reiteró hoy que Obama considera que el contenido de los memorando legales desclasificados el pasado jueves "debe ser motivo para que reflexionemos".
La desclasificación de cuatro memorandos mediante los que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia proveyó durante el Gobierno de Bush el marco legal para que la CIA empleara la asfixia simulada y otras prácticas coercitivas en interrogatorios a detenidos, ha suscitado una gran polémica y controversia en EEUU.
Los memorandos, tres de los cuales fueron elaborados en 2005 por Steven Bradbury y uno escrito por Jay S. Bybee en 2002, ambos abogados de la Oficina Legal, fueron desclasificados en respuesta a una querella de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Los informes revelan los métodos coercitivos que se aplicaban, y justificaban, que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada y el estampar al sospechoso contra paredes, entre otros.
Desde la divulgación de los documentos las voces que critican la desclasificación por entender que comprometen la seguridad nacional y aquellas que exigen que los responsables respondan ante la justicia parecen competir en el grado de intensidad.
Entre aquellos que pusieron el grito al cielo por la decisión de Obama de publicar los documentos se encuentra el ex vicepresidente Dick Cheney, quien la calificó de "un poco inquietante", y recalcó que el actual Gobierno no ha dado a conocer otros documentos que muestran "el éxito de esos esfuerzos".
Cheney, un feroz crítico de Obama, pidió que esos documentos sean divulgados para que "el pueblo estadounidense pueda ver" lo que se consiguió y se aprendió, "y lo buena que fue la información" lograda
El ex director de la CIA Michael Hayden acusó al presidente de haber comprometido la seguridad nacional por haber revelado, en medio de una guerra a los enemigos de EEUU, los límites de los agentes en los interrogatorios.
Entre los que piden justicia se encuentran ACLU y otras organizaciones pro derechos humanos, así como la ONU, y en el seno del Congreso se debate si abrir una investigación.
Sobre este último aspecto, Obama también expresó su deseo de que cualquier investigación que se pudiera abrir en el Congreso se efectúe de manera "bipartidista" y mediante una comisión independiente.
Barack Obama, que ordenó el cierre de Guantánamo y prohibió las torturas, dejó claro que quiere "mirar hacia delante y no hacia atrás" en este asunto.
Por su parte, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó hoy en el Congreso que se debe "revisar" la situación de los que redactaron los informes y de aquellos que ordenaron la tortura.
Clinton dijo que es partidaria de "llegar al fondo de todo este asunto".
