La causa alcanza, entre otros, a María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo, que ocuparon de manera sucesiva la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), precisó el procurador general, Alejandro Ordóñez.
Agregó que otro de los involucrados está ahora fuera del DAS, mientras que los otros 13 siguen en actividad en el mismo organismo, que depende de la Presidencia colombiana.
La causa se abrió "por la inexistencia de procedimientos de control y seguridad en el manejo de las interceptaciones telefónicas que facilitaron que éstas se realizaran de manera ilegal", explicó Ordóñez en una rueda de prensa.
La investigación disciplinaria se derivó de recientes publicaciones periodísticas sobre una serie de interceptaciones ilegales de comunicaciones de magistrados, periodistas y políticos de la oposición colombiana.
El escándalo obligó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a ordenar el cierre de las salas de interceptación del DAS y a dejar esta tarea en manos de la Policía Nacional.
Ordóñez dijo que también ha abierto otras tres líneas de investigación de la misma naturaleza en entidades con "facultades de interceptación", que son la Procuraduría General, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General y la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional.
