Los directivos de DMG, firma intervenida el pasado lunes por el Gobierno acusada de recaudar sumas millonarias de forma ilícita, que se expandió a Panamá y otros países, fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento ilícito, indicó la emisora "La W", de Bogotá.
Las ordenes de detención de directivos de DMG, dos de los cuales ya fueron arrestados, se conocieron después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara anoche que pedirá la extradición de los responsables de la firma.
Las 60 sedes de DMG en 20 regiones de Colombia fueron ocupadas por la Policía el lunes después de que el Ejecutivo decretara el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la quiebra de las "pirámides" financieras.
Estas oficinas, que recaudaban dinero de forma ilícita y ofrecían triplicarlo, quebraron y sus responsables huyeron tras estafar a los clientes, que desataron una ola de protestas y disturbios.
En los primeros decretos promulgados el lunes dentro de la emergencia social se incrementaron las penas por captación ilegal de dinero y se dispuso la devolución de los fondos recibidos del público, con la oferta de suspender la persecución penal.
DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá.
De acuerdo con la emisora, un juez de Garantías emitió las boletas de captura de Murcia Guzmán y los demás directivos del grupo, dos de los cuales ya fueron detenidos en Bogotá a petición de la Fiscalía general de la Nación.
El juez ordenó la captura de Murcia Guzmán, su esposa Giovana Ivette León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, William Suárez, Antonio Bastidas, Margarita Pabón y Daniel Angel Rueda, de los cuales ya fueron arrestados estos dos últimos.
Para ello la justicia tuvo en cuenta información entregada por la Policía que había anunciado el general Oscar Naranjo, director de la entidad.
Estas capturas fueron ordenadas menos de un día después de que Murcia Guzmán declarara desde ciudad de Panamá que estaba dispuesto a sentarse "a negociar" con el Gobierno y que su sociedad dependían 200.000 personas.
Murcia aseguró que su modelo de negocios no es una pirámide, sino una firma que entrega tarjetas de pre-pago con las que se adquieren electrodomésticos y otros productos y servicios.
Horas más tarde, los abogados y varios socios extranjeros de DMG ofrecieron una rueda de prensa en Bogotá, donde numerosas personas participaron en una marcha de apoyo a esa compañía.
El abogado Abelardo de la Espriella denunció la "persecución" oficial y anunció que demandaría al Ejecutivo en los estrados internacionales.
El letrado insistió en que están dispuestos a negociar con las autoridades colombianas y advirtió de que la devolución de fondos no podrá hacerse pronto.
Mientras tanto, el empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, quien dijo ser socio de DMG en Panamá, indicó que se pagaron 3 millones de dólares por la franquicia para operar en la nación centroamericana.
