La dirigente agregó, en declaraciones a radio Cooperativa, que la decisión adoptada este jueves por el juez Mario Carroza "causó sorpresa" y es "una señal de esperanza".
Sinclair fue procesado como presunto coautor del homicidio y lanzamiento al mar de cinco opositores a la dictadura en 1987.
"Cualquier señal de término de la impunidad la valoramos de sobremanera y nos deja satisfechos en tanto significa un avance al nunca más, que para nosotros es fundamental", subrayó Pizarro.
Añadió, sin embargo, que "en los procesos aún en curso falta mucho por avanzar para encontrar la verdad y a los responsables de los crímenes".
"El fallo del juez Carroza lo recibimos con satisfacción a pesar de los años transcurridos, porque tenemos la convicción de que la justicia tiene que llegar y de que la sanción a quienes violaron los derechos humanos en este país es necesaria y fundamental", subrayó.
La resolución del juez también se extendió al ex general Hugo Prado, quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y al coronel en activo Marcos Bustos, a los que imputó el mismo delito.
Los tres oficiales fueron acusados por los asesinatos de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista.
Según explicó el juez, a los generales Sinclair y Prado se les procesó "fundamentalmente por una situación de responsabilidad del mando".
Según la investigación, en una reunión previa al crimen se coordinó que los cinco militantes del FPMR, que permanecían en un centro de torturas de los organismos represivos, fueran lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército, reunión en la que habría participado Sinclair.
Este viernes, el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, al ser consultado sobre este caso, señaló que no se pronuncia sobre las resoluciones de los tribunales de Justicia.
Sin embargo, en relación al caso del coronel Bustos, en servicio activo, dijo que éste tiene derecho a la presunción de inocencia.
"Desde un cabo a un coronel son ciudadanos, tienen derecho a la presunción de inocencia, el sometimiento a proceso no significa culpabilidad", indicó.
"Tiene derecho a un juicio justo y dejemos que las instituciones hagan su trabajo", señaló Izurieta, con lo que dejó establecido que la institución no dará de baja al coronel hasta que haya una sentencia definitiva.
El juez Carrroza estableció en el proceso que los cinco opositores fueron secuestrados para canjearlos por el coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), que fue secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por miembros del FPMR.
