OTR/Press / La Haya / Jartum

El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno O Campo, ordenó ayer la detención del presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir. Se trata de la tercera vez en la historia en que se persigue a un mandatario en ejercicio, en esta ocasión por supuesto genocidio y crímenes de guerra en Darfur.

Sin embargo, desde Jartum se negó cualquier reconocimiento al proceso del que ayer se dio el primer paso y el Gobierno sudanés anunció que seguirá adelante con su particular proceso de paz para la región al oeste del país africano, precisamente un conflicto por el que se le imputan a Al Bashir 35.000 muertes.

Por su parte, la misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur han anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades como prevención ante un posible brote de violencia tras la orden de detención contra el presidente Al Bachir.

Tras el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, Al Bashir se convirtió ayer en el tercer presidente en activo en padecer una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, solicitada por la Fiscalía del organismo judicial con sede en La Haya, que también demandó la incautación de las propiedades y de los bienes del dirigente.

Moreno Ocampo pidió la emisión de la orden ya que, como indicó en un comunicado, el jefe de Estado de Sudán "cometió crímenes de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra en Darfur", en base a las pruebas también aportadas. En concreto, el documento afirma que "fuerzas y agentes" bajo el control de Al Bashir abatieron al menos a 35.000 civiles y causó la "muerte lenta" de entre 80.000 y 265.000 personas, desplazadas de sus hogares por un conflicto iniciado hace cinco años.

"Al Bashir cometió, a través de otras personas, genocidio contra los grupos étnicos fur, masalir y zaghaw", según el fiscal, "usando el aparato del Estado, a las fuerzas armadas y a la milicia/'janjaweed'". A ello se añade el asesinato, exterminio y transferencia forzosa de 2,9 millones de civiles, torturas y violaciones.

Sin embargo, el Gobierno sudanés no reconoce esta iniciativa del Tribunal Penal Internacional. Poco después de conocerse la petición de su fiscal, llegó la respuesta desde Jartum: "Consideramos la acusación del presidente o de cualquier otro ciudadano de Sudán igual, no reconocemos nada que venga del TPI, para nosotros no existe", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores sudanés, Ali al Sadig.