Por este motivo, el primer ministro mongol, Sanjaagiin Bayar, instó a los ciudadanos a evitar que se repitan los disturbios de la semana pasada, que fueron motivados por acusaciones de fraude electoral.

La sede central del Partido Popular Revolucionario de Mongolia (MPRP por sus siglas en inglés), al que pertenece Bayar, fue incendiada en medio de la ola de violencia que llevó al Gobierno a imponer cuatro días de estado de emergencia.

"Esto no es fácil, el polvo no se ha asentado después de la elección y la gente aún está molesta", declaró Bayar en un discurso en la televisión estatal. "Los partidos están decididos a resolver los temas en una forma pacífica y de acuerdo a la ley", afirmó.

Los resultados preliminares muestran que el MPRP consiguió una clara mayoría en el Parlamento, o Gran Hural, pero el opositor Partido Democrático y varias agrupaciones menores disputan el resultado y exigen recuentos y posibles repeticiones de la elección en algunos distritos.

Esta incertidumbre política demorará la formación de un gobierno que tendrá la tarea de aprobar acuerdos para permitir que la vasta riqueza minera de Mongolia finalmente sea explotada y que detengan la inflación que actualmente se encuentra en dos dígitos.

La semana pasada fue una prueba para la joven democracia del centro de Asia, que se distanció de la influencia soviética en 1990 y cuyos ciudadanos quedaron sorprendidos por los disturbios del martes pasado, que dejaron cinco personas muertas y llevaron al Gobierno a enviar militares a las calles.

"Seguí los hechos a través de las transmisiones de televisión. Esto es muy dañino, especialmente para nuestra imagen en el extranjero", lamentó Hosbayar, un residente de Ulan Bator, que añadió que la situación actual del país "es muy incómoda".

Aún hay cerca de 200 personas detenidas por su presunta relación con los disturbios, aunque otras 500 ya han sido puestas en libertad.