El Juzgado Togado Militar ha decretado el archivo "sin declaración de responsabilidad penal alguna" del caso del accidente del helicóptero Cougar en Afganistán, ocurrido el 16 de agosto de 2005 y en el que murieron 17 militares españoles, de los que diez eran gallegos.
El auto descarta un ataque contra el helicóptero español, pero revela no obstante que en principio hubo varias detenciones de ciudadanos afganos por su presunta relación con el siniestro. Estas conclusiones del Juzgado Militar están en la misma línea del informe de la comisión de investigación sobre el accidente, presentado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, en septiembre de 2005.
Este informe descartaba que el Cougar siniestrado se precipitara contra el suelo por un derribo por ataque externo o que sufriera una colisión en vuelo con otro aparato.
En su auto, firmado el pasado 17 de junio, el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 señala que se trató de un accidente fruto de una serie de circunstancias "imposibles de determinar" y precisa que "existen indicios razonables suficientes" para suponer que la cola del aparato tocó el suelo al intentar maniobrar en una zona de "flujos turbulentos".
El juez dice que el helicóptero estaba en perfecto estado, había superado los controles y revisiones pertinentes y los pilotos se encontraban en perfectas condiciones físicas. Por ello decreta la terminación y el archivo de las actuaciones "sin declaración de responsabilidad penal alguna".
El mismo día del accidente, el 16 de agosto de 2005, un segundo helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y resultaron heridos cinco soldados. El Cougar siniestrado realizaba una misión táctica de integración en la Fuerza Internacional para la Seguridad (ISAF) de cierto riesgo, pues requería sobrevolar una zona a una altura de entre tres y diez metros. Los militares participaban en la misión internacional para garantizar la seguridad en los comicios afganos.
De los fallecidos, cinco pertenecían a la base El Copero, en Sevilla, y conformaban la tripulación del aparato. Los doce restantes procedían del cuartel de la Brigada Ligera Aereotransportable de Figueirido (Pontevedra) y de ellos diez eran gallegos: cuatro de Pontevedra, tres de Lugo, dos de A Coruña y uno de Ourense. Los forenses regeneraron las huellas de los militares muertos para identificarlos. Compararon las piezas dentales de los cadáveres con las reseñas que tenía Defensa.
