Europa Press / Estrasburgo / Madrid
El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la nueva norma comunitaria que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de dieciocho meses. También prohíbe volver a la UE durante cinco años a cualquier inmigrante que haya sido expulsado de un Estado miembro. En España el límite de detención de "sin papeles" es de cuarenta días
La directiva recibió el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la delegación española, y de los liberales. Los socialistas se dividieron, aunque la delegación española votó a favor, con la excepción de Josep Borrell y Raimon Obiols, que se opusieron a la directiva, y de Martí Grau, que se abstuvo. El grupo de los Verdes (y su representante español, David Hammerstein) y el de Izquierda Unitaria (Willy Meyer) votaron contra el texto. El eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, se abstuvo.
El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación política de la directiva, ya que los ministros del Interior de los Veintisiete ya la aprobaron el pasado 5 de junio. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.
Rechazo a las enmiendas
El pleno rechazó las enmiendas presentadas por el grupo Verde y por Izquierda Unitaria que reclamaban la retirada del texto por considerarlo un atentado contra los Derechos Humanos de los inmigrantes. Los eurodiputados tampoco aceptaron ninguna de las modificaciones presentadas por el grupo socialista para suavizar el contenido de la directiva.
En concreto, los socialistas reclamaban reducir a seis meses el plazo máximo de internamiento de los irregulares, someter a control judicial cualquier orden administrativa de internamiento en un plazo máximo de 72 horas o reforzar la protección de los menores. El visto bueno a cualquiera de estas enmiendas hubiera significado un retraso considerable en la aprobación de la directiva ya que se haría necesario un nuevo acuerdo con los Veintisiete.
Pese a que sus enmiendas fueron rechazadas, los socialistas españoles votaron a favor de la directiva por considerar que constituye un avance en la creación de una política de inmigración común. "Ha sido una batalla política complicada, con el permanente bloqueo de la derecha a las enmiendas socialistas, que pretendían ofrecer garantías sólidas a los inmigrantes clandestinos", dijo el eurodiputado Javier Moreno.
En todo caso, destacó que la directiva incluye avances como la asistencia jurídica gratuita y obliga a los Estados miembros que ahora no tienen ningún tope para la retención de irregulares a establecer un periodo máximo.
