Javier Fagúndez / EL CAIRO

Egipto aprobó una reforma de la Ley del Menor que penaliza por primera vez la ablación del clítoris, pero que sigue dejando la puerta abierta a una práctica muy arraigada entre la sociedad.

El Parlamento dio en la madrugada de ayer luz verde al nuevo marco legal, en el que se establece que mutilar a una niña estará castigado con penas de entre tres meses y dos años de prisión y multas que oscilarán entre las 1.000 y las 5.000 libras egipcias (desde 120 a 600 euros). Sin embargo, el texto fue enmendado para permitir que la ablación pueda realizarse en caso de "necesidad médica", un peligroso agujero legal que lo convierte prácticamente en papel mojado.

De hecho, los diputados de los Hermanos Musulmanes -principal grupo opositor-, sólo aceptaron que se aprobara la penalización después de que se introdujera la mención a las razones médicas.

Husein Al Sadr, alto responsable del Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad (CNIM), institución promotora de la ley, mostró su satisfacción tras el apoyo parlamentario y destacó el avance que representa para el país.

Sobre el vacío legal que puede suponer apelar a razones médicas, Al Sadr subrayó que, mientras antes un sólo médico se encargaba de recomendar o no la operación, ahora esta responsabilidad recaerá sobre un comité.

En este sentido, Gamal Aid, de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, manifestó que, por fin, las penas por ablación se incluyen en una ley, y resaltó que se trata de una reforma "positiva".

Reconoció, eso sí, que se ha decidido introducir la enmienda que apela a razones médicas "para conciliar los distintos puntos de vista".

Según explicó a Efe la especialista en protección de la infancia de UNICEF en El Cairo Nadra Zaki, "el 70% de las ablaciones las realizan médicos" en un país en el que 3 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 17 años ya han sido circuncidadas.

Lo cierto es que Egipto, lentamente, comienza a poner obstáculos a una de las más antiguas costumbres del país, que es rechazada no sólo por el Gobierno, sino también por las autoridades religiosas oficiales.