La negociación comenzó hace varios meses pero el plazo definitivo termina en la medianoche de hoy, al filo del segundo aniversario de la nacionalización decretada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006.
Según la fuente consultada por Efe, el Gobierno tiene listo un borrador de decreto del que habló a las empresas para declarar la obligación del traspaso de las acciones que necesita el Estado con el propósito de asumir el control de las cuatro compañías.
Una fuente del sector empresarial confirmó a Efe que, efectivamente, "hay una alta probabilidad" de que el Gobierno decida, si no hay un acuerdo, asumir el control de las acciones que necesita de forma unilateral, aunque precisó que el borrador de decreto no fue mostrado a las compañías.
La negociación afecta a las empresa mixtas Andina, filial de la hispano argentina Repsol YPF; Chaco, de Panamerican Energy (del grupo BP) y la transportadora de hidrocarburos Transredes, participada por la británica Ahsmore y la anglo-holandesa Shell.
En todas ellas, el Estado boliviano tiene ya un participación de sus acciones, excepto en la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, encargada del almacenaje de carburantes, que está completamente en manos de inversores peruanos y alemanes.
En Andina, Chaco y Transredes, las trasnacionales controlan el 50 por ciento, frente a la participación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que posee en esas firmas el 48,92 por ciento, el 48,96 y el 37,71 por ciento, respectivamente.
En medio de un absoluto secretismo en las negociaciones, aún no se sabe qué empresas han aceptado las condiciones del Estado boliviano para tener la mayoría accionarial y cuáles son las que se resisten a la nacionalización.
No obstante, el director de Repsol YPF, el español Tomás García Blanco, dijo el martes a la prensa que su empresa y el Gobierno negocian "con total espíritu de colaboración" y reveló que se había "avanzado muchísimo" en las conversaciones.
El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, comunicó a los medios que el Gabinete no aprobó hoy ningún decreto sobre petroleras porque las negociaciones siguen realizándose.
Tampoco está definido si el presidente Morales anunciará mañana el resultado de esas negociaciones, como se especula en algunos medios.
No obstante, el Gobierno prepara un acto público en la Plaza Murillo, sede de los palacios de Gobierno y Legislativo, para la conmemoración del Día del Trabajador que, según otras fuentes, serviría también para anunciar el resultado de la negociación.
Varios medios de comunicación han apuntado estos días que el Gobierno está dispuesto a ceder la gestión de las compañías a cambio de tener el 50 por ciento más una de las acciones. Sin embargo, esa versión fue negada por las fuentes del Ejecutivo.
De hecho, el decreto de nacionalización emitido por Morales el 1 de mayo del 2006 establece en el artículo 7 que la sociedad estatal YPFB debe firmar con las empresas nuevos contratos para garantizar "el control y la dirección de las actividades hidrocarburíferas".
Según las fuentes consultadas, el Gobierno también prevé el cambio de la razón social de las cuatro compañías en el futuro.
A mediados de 2007, Bolivia completó el primer proceso de nacionalización de una empresa, al comprar a la firma brasileña Petrobras dos refinerías por 112 millones de dólares.
La empresa brasileña no aceptó ceder el control de la gestión de esa compañía de refino a YPFB y decidió venderle todas sus acciones.
