La urbanización más convulsa del municipio de Nigrán presenta una nueva pugna entre vecinos y promotor. Después de doce años de luchas entre propietarios, junta de compensación y concello, el SAU-3 presenta un nuevo conflicto. El ayuntamiento urge el remate de las obras de urbanización de los viales del complejo de viviendas, mientras un grupo de residentes impide la invasión de una finca para la construcción del acceso principal.

El nuevo capítulo del conflicto comenzaba a escribirse ayer a primera hora de la mañana. La principal promotora del SAU-3 llevaba maquinaria para entrar en la parcela de Gonzalo Barral, un hombre de 84 años que no se encontraba en la casa al estar hospitalizado en A Coruña.

Incumplimiento

Un grupo de vecinos del entorno frenó la entrada de la excavadora. Según sus palabras, el propietario firmó un convenio en 2001 por el que cedería los terrenos a cambio de que se le reformase la casa y se le deslindase su finca. "Nin a vivenda está rematada, nin a finca está delimitada correctamente, xa que o vial principal da urbanización ocupa unha franxa de cinco metros de ancho da finca", explican. Esto quiere decir que, en cuanto se habilite el carril de entrada a la urbanización desde la carretera de la vía, Barral perderá otra franja de cinco metros de sus terrenos. La parte afectada incluye su antigua vivienda, que deberá ser derribada en parte.

La empresa encargada de penetrar en la propiedad privada abandonó su intención y el alcalde, Alfredo Rodríguez, llegó al barrio de Area Alta, donde se ubica el complejo, acompañado de una patrulla de la Policía Local con una orden judicial para llevar a cabo los trabajos. El documento sirve para instar a la empresa a que agilice las obras, según explicó el propio regidor, quien ofrece un plazo de unos quince días para que la promotora ponga en marcha el remate de la urbanización. "La empresa tendrá que llegar a un acuerdo con los vecinos y cumplir con el convenio que firmaron en 2001. En caso de que no lo haga, el propio concello empezará las obras", señaló. Y es que Rodríguez se muestra convencido de que va a "acabar con este problema" y legalizar la urbanización antes de que termine el mandato. Las irregularidades se han ido acumulando en torno al SAU-3 a lo largo de doce años sin que los sucesivos gobiernos municipales hayan sido capaces de legalizarlo.