Así, explica que el control de sus actividades y gestión de tributos, que actualmente se realiza en 17 administraciones territoriales, pasará a realizarse en tan sólo cuatro, de primer nivel, entre las que destacan las de Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa, quedando las 13 restantes para labores secundarias, como son el control tributario de las personas físicas, información básica y recepción de documentos.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda denuncian que las administraciones territoriales de nivel tres de Cee, Ortigueira, Carballino y Celanova, centradas en funciones de información y asistencia básica a los contribuyentes, perderán también competencias con la nueva reorganización territorial que plantea la AEAT, obligando a los contribuyentes gallegos a desplazarse a las administraciones tributarias de cabecera situadas en Carballo, Ferrol y Orense (para las dos últimas), respectivamente.
Gestha señala que otras de las comunidades afectadas por el nuevo proyecto "regionalización" son Andalucía, donde las administraciones de primer nivel se verán reducidas a 14; Castilla y León y Castilla-La Mancha que pasarán de 10 y ocho administraciones, respectivamente, a una de cabecera; Aragón y Extremadura donde habrá dos administraciones de nivel uno y Asturias que contará tan sólo con la administración de Avilés para realizar funciones de control.
PERJUDICAR EL SERVICIO
Los Técnicos de Hacienda estiman que el proyecto de reestructuración de las administraciones territoriales de la Agencia Tributaria -remitido por ésta a las organizaciones sindicales a finales del pasado mes- puede perjudicar gravemente el servicio que se presta a los contribuyentes gallegos, así como la gestión y el control de actividades económicas, lo que afectaría al control del fraude fiscal y la economía sumergida, estimada en un 23% del PIB.
Gestha explica que esta reestructuración se basa esencialmente en concentrar las principales funciones de gestión y recaudación tributaria, así como los efectivos humanos que prestan estos servicios en unos pocos centros territoriales de mayor tamaño, dejando al resto de administraciones un papel residual: el control tributario de las personas físicas, información básica y recepción de documentos.
El proyecto de la AEAT planea concentrar las principales funciones de control y gestión de los tributos, que actualmente se realiza en 201 centros en España, en tan sólo 99.
Los Técnicos de Hacienda creen que, con este proyecto de "regionalización", los servicios de control, asistencia e información se alejan del domicilio fiscal de los contribuyentes para prestarse desde centros ubicados a mayor distancia física, lo que supone mayores costes de desplazamiento para el ciudadano y mayor afluencia de público en las oficinas con la consiguiente carga de trabajo para los funcionarios a su servicio.
